33 mil estudiantes de Yopal ad portas de quedar sin clases por incumplimiento en la canasta educativa.

La Mesa de la defensa de la educación en Casanare desde el mes de agosto de 2016 venía solicitándole a Luz Marina Cardozo alcaldesa (e) y al Concejo Municipal de Yopal, la utilización de la figura jurídica de vigencias futuras excepcionales, solicitud que fue echa también por el propio viceministro de educación con acta a bordo, a fin garantizar el servicio de administrativos, aseadores y vigilantes para cada una de las instituciones educativas del municipio.

Lo único que tenía que hacer a tiempo la administración municipal de Yopal era presentar  el proyecto de vigencias futuras excepcionales ante el Concejo municipal para que éste lo  aprobara y así se pudiera licitar los servicios complementarios de la canasta educativa con recursos de la vigencia de 2017 dentro de la vigencia  2016  y a su vez adicionar algunos recursos para asegurar los mismos servicios hasta los primeros días de este año lectivo.

Los docentes, padres de familia y líderes estudiantiles de Yopal pensando en que había sido suficiente todo el periplo que habían hecho ante el ministerio de educación, alcaldía y ante los mismos concejales se confiaron, ya que habían surtido tres reuniones en diferentes meses para lo mismo y siempre le respondían que era muy cierto que la educación  era una prioridad para esta administración, aunque en la realidad paso todo lo contrario.

Llevándose una desagradable sorpresa en el mes de diciembre esta familia educativa, porque fueron notificados que todos los colegios de Yopal se quedaban sin servicio de vigilancia, aseadoras y administrativos, porque la administración municipal nunca pasó el proyecto a tiempo a la corporación, es más lo pasaron solo hasta el día  26 de diciembre y en combo con unas vigencias extraordinarias que no tenían relación alguna con esta emergencia.

Lo cierto es que nuevamente las instituciones educativas de la capital  arrancan el 2017 sin el servicio de vigilancia, aseo y administrativos, haciendo imposible la prestación del servicio académico.

Por lo tanto lo que queda claro es que los colegios quedaron a merced de la delincuencia de la ciudad, se perdió la presentación del proyecto de vigencias futuras ante el concejo municipal porque nunca se contrató estos servicios en el 2016 y lo que sí se hizo fue la legalización presunta de convenios de cooperación y demás de las vigencias extraordinarias surtidas en ese mismo acuerdo aprobado por la mayoría de Concejales.

Ha y ahora se debe iniciar contratación  con el presupuesto de 2017 y como es urgente muy seguramente se va a utilizar la figura de convenios y demás que obvian la ley 80, que no es ilegal pero que permiten que todo se haga a dedo y casi sin garantías en la observancia de rigor del resto de la contratación.

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