Las cuatro reformas al sistema político que plantea la MOE

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1)       La reforma a la arquitectura institucional electoral del país.

La organización electoral debe avanzar en una reforma que le asegure una mayor autonomía e independencia. En ese sentido la MOE plantea, de una parte, la conveniencia de crear un Tribunal Electoral que tenga las herramientas técnicas y jurídicas para reducir los índices de impunidad política y electoral que tiene actualmente el sistema colombiano; y de otra, modificar el origen partidista de las autoridades electorales.

2)       Nuevas reglas para la creación de partidos políticos locales, regionales y nacionales.

Uno de los elementos claves para lograr una mayor apertura democrática es el diseño de nuevas reglas que permitan el surgimiento de organizaciones políticas locales y regionales, sin que ello implique revivir los problemas de atomización partidista vividos en los años noventa. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE considera necesario generar mecanismos Constitucionales y legales que si bien permitan una mayor apertura democrática, establezca unos mecanismos de control muy claros para las organizaciones sociales y políticas que se presenten a las diferentes contiendas electorales.

 3)       Sanciones a la corrupción política y electoral.

La MOE considera la corrupción electoral desde tres aspectos a mejorar: a) la derivada de los frágiles filtros en la selección y avales de candidatos por parte de los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos y que a posterior generan costosas elecciones atípicas; b) la impunidad en la participación de funcionarios públicos en las campañas electorales y c) la relación entre recursos económicos de origen ilegal y la política.

 4)       Financiación de la política.

Uno de los aspectos clave en la reforma electoral es el que tiene que ver con la financiación tanto del funcionamiento de los partidos políticos, como de las campañas electorales. Para la MOE es urgente eliminar los obstáculos administrativos a los que son sometidos los candidatos y las organizaciones políticas al momento de acceder a la financiación para cada proceso electoral, los cuales ha generado escenarios de desigualdad.

Así mismo, ante la dificultad real de las autoriades electorales  de hacer seguimiento al origen, monto y destino de los recursos, es necesario generar mecanismos efectivos para determinar la responsabilidad de los candidatos y organizaciones políticas que infringen las reglas con las que se busca frenar el uso desmedido de la financiación, el cual es la puerta de entrada a la corrupción en el Estado.

 

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