No hay paz en un pueblo si no hay títulos de propiedad. Paz de Ariporo

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La realización de un desalojo presuntamente irregular de una veintena de familias que ocuparon el predio la Becerra, en la vereda la Candelaria del municipio de Paz de Ariporo ha generado reacciones de defensores de derechos humanos y comunidad Paz de Ariporeña por presunta vulneración al debido proceso y a sus  derechos fundamentales.

Pero estos hechos también revivieron la problemática que se genera en los predios del norte del Departamento de Casanare, por la falta de titulación o escrituración  que demuestre un real dominio de las diferentes áreas de terreno en disputa.

En el caso del predio la Becerra, la reyerta entre vecinos lleva más de 12 años, de un lado José Rafael Álvarez quien con documento de carta venta de posesión y mejoras habría comprado  esta finca en el año 1982, de otro lado el señor Moisés Cortez, vecino, quien a la postre presuntamente habría corrido su cerca e invadido parte del predio la Becerra.

Predio éste que según locatarios estaría inmerso entre otras dos propiedades del señor Cortez, denominadas, la cristalina de aproximadamente 510  y la ceiba  866 hectáreas respectivamente, ambas al igual que el resto del territorio del sector de la vereda la Candelaria, sin título alguno.

Sin embargo el (9) de febrero del año 2016  el  Tribunal Superior de Casanare le dio la razón al señor Cortez (presunto Invasor), situación que genero inconformidad en la contraparte dando como resultado que una veintena de familias ocuparan parte de los predios de la Becerra. El terreno invadido por estas familias se presume asciende en promedio a 164 hectáreas.

Lo cierto es que la mayoría de estos ciudadanos tienen la condición de vulnerabilidad  y están a la expectativa de que cómo estos predios no tienen titulación alguna, entonces aparezca la Agencia Nacional de Tierras y entre a revisar con lupa, a fin de hacer valer la normatividad sobre la Unidad Agrícola Familiar en predios considerados baldíos para esta zona del país.

Por su parte el poseedor amparado en el fallo del Tribunal Superior sustenta que estas son sabanas inundables y que no existe suficiente extensión para que realmente sean productivas, de igual manera que durante estos años atrás él ha hecho presencia y que con su trabajo de llano ha logrado mantener su propiedad.

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