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Contraloría General realizó audiencia pública sobre proyecto doble calzada Aguazul – Yopal – Covioriente.

La Audiencia Pública, desarrollada por la Contraloría General de la República, sobre el proyecto doble calzada Aguazul – Yopal, donde asistió la Concesionaria Covioriente pero no asistieron, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el Ministerio de Transporte, la Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA, y Corporinoquia, que son las autoridades que tienen competencia, jurisdicción y capacidad de decisión para concertar, modificar o denegar solicitudes de los dueños de predio, de las administraciones directamente afectadas o de la comunidad en general, por lo tanto, quedaron más dudas que certezas en este nuevo intento de información del proyecto.

Por ejemplo, se evidenció el sinsabor de la comunidad asistente que reclamaban, que no ha sido escuchado y que para colocar alguna queja, petición, reclamo o solicitud no hay quien los atienda. La repuesta de la concesionaria es que según contrato suscrito con la ANI, dependen de la suscripción del acta de inicio de la obra, para colocar en funcionamiento la oficina de atención al usuario y con ello atender las PQRS referentes al proyecto.

Tampoco hubo claridad porque la unidad funcional 7, correspondiente a la doble calzada, Aguazul – Yopal, no hace parte del Plan de Manejo Ambiental del total del proyecto, documento que presuntamente debería responder a cada una de las necesidades expuesta por los directos afectados, por su parte Covioriente atinó a decir que lo que hay en la actualidad es un Plan De Adaptación A La Guía Ambiental Para La Unidad Funcional 7, debido a que eso fue lo que le exigió la autoridad ambiental.

En cuanto a rediseños o solicitudes de ciclorutas, retornos, puentes peatonales y no peajes, la Concesionaria argumenta que no pueden hacer nada, que ellos se deben a un contrato ya establecido con unos diseños determinados. Que lamentaban la no presencia de las entidades responsables y con capacidad de decisión sobre estos temas.

Otro de los sinsabores fue la parte predial, por más que la Concesionaria se esforzó en tratar de demostrar que la Lonja Avaluadora era idónea en este proceso, abogados especialistas en esta materia, infirieron que se les está mintiendo a los dueños de predio.

Según los conocedores del tema, la firma avaluadora contratada por la Concesionaria para estos menesteres, no cumple con los requisitos de ley, ya que es una razón social jurídica dedicada a procesos comerciales por su propia naturaleza, cuando lo que se requiere es una que se dedique a los procesos civiles, sin embargo, Covioriente salió al paso aduciendo que gracias a una resolución administrativa se podía manejar el avaluó de predios como lo vienen haciendo, situación que de inmediato fue cuestionada por los avaluadores debido a que argumentan que la ley no ha sido modificada, por lo tanto una resolución no está por encima de la misma.

Por su parte los funcionarios de la administración municipal de Yopal denunciaron que no han podido obtener información suficiente sobre el proyecto y que debe suspenderse el mismo, hasta tanto haya claridad en los rediseños de accesos al casco urbano.

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