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¡Cajas de Compensación Familiar en problemas por presuntos hechos de corrupción!

La Superintendencia del Subsidio Familiar identificó presuntas irregularidades en varias de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) que operan y manejan programas de salud.

Si se comprueban estas presuntas irregularidades, se podrían adoptar medidas cautelares y sanciones, incluida la intervención administrativa.

Las presuntas irregularidades detectadas se relacionan con: 

  • Pérdidas acumuladas que han llevado a las Corporaciones a tener un patrimonio negativo por más de medio billón de pesos.
  • Falta de liquidez y capital de trabajo para la debida prestación de los programas y servicios sociales a cargo de las Cajas.
  • Refinanciación ilegal de programas de salud a través de préstamos internos con recursos del 4%, el cual tienen destinación específica.
  • Embargo de activos propiedad de las Cajas de Compensación Familiar con ocasión de deudas en la operación de los programas de salud.
  • Crisis financiera generalizada que pone en riesgo los recursos parafiscales, la prestación de los servicios sociales del Sistema del Subsidio Familiar y la atención a la población afiliada a los respectivos programas.

Los hallazgos se encontraron durante las visitas de inspección a las Cajas, procedimiento que se ha visto reforzado como parte del plan de fortalecimiento institucional de la Superintendencia. 

Aunque la Superintendencia no ha publicado el listado de las cajas de compensación que están siendo investigadas, si acotó a decir que podrá tomar el control de las CCF mediante la Intervención Administrativa Total.

Suspendiendo a los directores de estas entidades y a sus respectivos consejos directivos o a uno de estos dos órganos mediante la intervención administrativa parcial.

Sin embargo, información extraoficial da cuenta que las Cajas de Compensación Familiar que presentan problemas estarían ubicadas en los departamentos de la Guajira, Sucre, Chocó, Huila y Nariño.

Los hallazgos indican posibles graves riesgos que podrían afectar los servicios que hoy benefician a más de 1.2 millones de trabajadores y sus familias.

 

 

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