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El precio de alzar la voz.

Líderes sociales que manifestaron su inconformismo frente a los incumplimientos de la industria petrolera en San Luis de Palenque, pueden ser condenados a 20 años de cárcel. La justicia les imputa varios delitos, que van desde concierto para delinquir hasta tentativa de homicidio agravado.

A esta hora se adelanta la audiencia de apelación de los líderes sociales de San Luis de Palenque, contra quienes enfrentan procesos por obstaculización de vía pública. Los hechos se presentaron durante el desarrollo de manifestaciones, en contra de la industria petrolera.

En total son cuatro líderes sociales que podrían quedar con detención intramural, por petición de la Fiscalía General de la Nación. La audiencia, que aún continúa, se desarrolla de manera virtual dese la cárcel de la Guafilla.


Jhony Cruz – Líder comunal junto a comunidad del municipio de Trinidad.

En la misma se definirá el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, donde pidió, que los líderes sociales que tienen detención domiciliaria, se le imponga la detención preventiva intramural. De otra parte los abogadores defensores buscan que todos queden con detención domiciliaria.

Recordemos que por denuncia formal de las petroleras Frontera Energy y Ecopetrol, están siendo criminalizados los líderes sociales, Ferney Salcedo, Jesús Leal Salcedo, Eliecer Rincón Duarte, Gerónimo Salcedo Betancour, Miguel Ángel Rincón, Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez, María Teresa Rincón Duarte y Yulivel Leal Oros.

Los acusados son residentes de las veredas Platanales, La Venturosa y El Tigre, de San Luis de Palenque. Adicionalmente estas mismas petroleras se constituyeron parte civil (como victimas) dentro del proceso penal, al considerar que han sufrido pérdidas económicas por más de 23 millones de pesos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, le imputó los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, tentativa de homicidio agravado, lesiones personales, daño en bien ajeno y obstrucción a vía pública, a la mayoría de ellos.

Según el abogado Jorge Cortez Colmenares, apoderado de varios de estos líderes, lo anterior es una muestra que el ente acusador busca que se condenen a estas personas, con penas mayores a los 20 años de prisión.

¿Pero en qué andaban metidos estos líderes sociales?
Estos líderes sociales son reconocidos por hacer parte de una negociación continuada durante varios años, en principio con la petrolera, Petro Magdalena, quien cedió sus derechos a Pacific Rubiales, la cual terminó cambiando su razón social y denominándose Frontera Energy.

Dichas negociaciones abrían iniciado en el año 2012 y tenían como objeto exhortar a las multinacionales a cumplir cabalmente con lo dispuesto en la licencia ambiental, otorgada en su momento por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Las disposiciones de la ANLA debían aplicarse en la operación del bloque Cubiro, dentro del área de influencia de las veredas Platanales, La Venturosa y El Tigre. Hecho que los familiares de los imputados develan a través de las múltiples actas suscritas, en las reuniones donde participaron las partes en conflicto.

¿Qué es lo que pedían los líderes sociales?
Según las actas develadas por la misma comunidad, muestran de manera reiterada la exigencia para que se diera cumplimiento al pie de la letra de la licencia ambiental y de paso con el plan de majeo ambiental, PMA.

También quedó estipulado en dichos documento, temas como inversión social; contratación de mano de obra calificada y no calificada; compra de bienes y servicios locales; compensación ambiental; pavimentación de dos kilómetros de vía terciaria entre las veredas Merey y Platanales.

Además se pactó el pago de una deuda con pequeños y medianos comerciantes del sector, quienes habían sido timados por una subcontratista, que prestó sus servicios a Pacific Rubiales.

Aunque la petrolera pagó por la labor prestada, la empresa contratista les quedó debiendo a sus proveedores locales, lo que llevó a muchos de ellos a la quiebra. Esta ‘avionada’ de la firma subcontratista, le generó un pasivo de más de tres mil millones de pesos a la operadora.

Dice la comunidad sanluiseña que en todo este tiempo de negociación y renegociación constante, se fueron evidenciando más y más los incumplimientos a los pactos de acuerdo por parte de las distintas petroleras, que han tenido incidencia con la exploración y explotación en esta área de influencia.

Dicha situación, presuntamente, fue el motivo para que los habitantes de este sector, realizaran marchas, manifestaciones, asambleas permanentes en los centros poblados y en algunos casos llegando a cierres temporales o definitivos de la vía.

Como medida disuasiva las operadoras en su momento adquirieron nuevos compromisos, los que a la postre también fueron incumplidos. Este hecho se convirtió, presuntamente, en una provocación por parte de las petroleras hacia la comunidad, con la anuencia de las entidades del Estado, que en los momentos críticos habrían avalado el uso de la fuerza pública, como instrumento de persuasión y control contra los manifestantes.

Así lo afirman voceros de la comunidad, quienes acotaron que con estos nuevos incumplimientos se presentó una mayor desazón e inconformidad, al darse cuenta que la justicia colombiana, nunca entro en cintura a estas operadoras para que cumplieran con lo predeterminado en la licencia ambiental y demás acuerdos.

Ellos hacen memoria del constante acompañamiento de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, La Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos, los delegados del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras tantas entidades.

Todas conocieron detalladamente la problemática, el pliego de peticiones, los plazos acordados entre las partes, las dilaciones constantes por parte de las multinacionales y todos los demás componentes del largo rosario de falencias. Pese a todo, jamás hubo veredicto administrativo o judicial contundente que obligara a las multinacionales a cumplir con lo acordado.

¿Por qué se sale de control la negociación?
Consultando a varias personas que en su momento participaron de las manifestaciones y de la brega comunal para ser escuchados, la respuesta fue la misma: “en ambas ocasiones donde lamentablemente se produjo confrontación, nosotros los campesinos nos sentíamos vulnerados y acorralados”.

Aducen igualmente que “era en la sala de nuestra casa, donde foráneos, entrenados, con licencia para actuar y que no conocían la génesis del problema y tampoco estaban conviviendo con nuestras necesidades sociales, ambientales, económicas y culturales pretendían a la fuerza despojarnos de lo único que teníamos, que era nuestros gritos para manifestar nuestro inconformismo”.

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