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Mientras la Corte Constitucional tumba las decisiones del pueblo a través de las consultas populares en materia de explotación de hidrocarburos, el Consejo de Estado dice que los Municipios tienen la obligación de realizar consultas populares mineras.

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El doctor Luis Arturo Ramírez, es quizá la persona que más sabe de consultas populares relacionadas con el sector minero energético.  Es asesor de varios municipios en el país en la materia y es a él a quien responde la Corte Constitucional, el más reciente fallo que tumba la decisión del pueblo en Cumaral cuando le dijo “No” a la explotación de hidrocarburos. Es un constitucionalista que tiene muy claro cada uno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los reclama cada vez que se hace necesario sin tapujos ni temores.

Habló con Silvino Barrios, Director de Contacto Noticias de La Paz e hizo un análisis de la situación de las consultas populares en el país.  Dice que cada caso debe ser revisado de manera individual y que no todo está perdido porque el fallo de la Corte Constitucional responde a una acción de tutela y no es generalizado.  Agrega que los municipios están obligados a realizar las consultas y las empresas exploradoras tienen derecho a entutelar.

La Corte Constitucional no frena las consultas populares; dice que no es el mecanismo propicio para oponerse a la minería. Dice que las comunidades tienen que ser informadas tanto técnicamente, como el darles a conocer los impactos ambientales y sociales que generará el proyecto, y luego buscarse la concertación con ellos. Que la consulta debe ser la última instancia. Le da dos años al Congreso para que legisle al respecto.

Tenga en cuenta que los dos fallos son sobre tutelas; que, aunque sienta un precedente, sus efectos NO son “Erga Omnes”. Erga Omnes, quiere decir que los efectos son generales, no interpartes. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. (sentencias de Costitutucionalidad). Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:        

  1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto Erga Omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general.
  2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.

El fallo del Consejo de Estado es un fallo de tutela también, de manera que sus efectos no son generales tampoco. Contrario si fuera un fallo, por ejemplo, de nulidad de un acto administrativo, donde el que se ataca es el acto en sí, y se decreta la nulidad del mismo, el cual desaparece de la vida jurídica.

Conclusiones:

  1. Ambas Cortes están en el mismo nivel.
  2. Ninguno de los dos fallos es de aplicación general y ni obligatorio cumplimiento, porque ambos resuelven una tutela entre dos partes, y aplica a futuro.
  3. Las Consultas que se han realizado tendrán que ser entuteladas.
  4. Los demás municipios que quieran realizar Consultas Populares pueden realizarlas y las petroleras afectadas entutelarlas, si la consulta los afecta o perjudica. El juez que reciba la tutela, puede tomar el fallo de la Corte Constitucional o el del Consejo de Estado como apoyo para su fallo (tampoco lo obliga).

Al preguntarle por la situación del municipio de Paz de Ariporo, cuyo alcalde encontró que no es viable una consulta popular y que uno de sus argumentos es el temor a tener después algún problema legal o jurídico, responde enfático que no es su culpa, sino que sus asesores no están a la altura del tema, dice que deben estudiar la constitución porque contrario a lo dicho, en verdad podría enfrentarse a un proceso serio por desconocer la Constitución Política de país.

El profesor Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos y catedrático; además asesor en asuntos petroleros, reconoce que las multinacionales tienen el derecho de entutelar, pero es enfático en decir que las consultas no han desaparecido y que lo que el fallo hace es decirle al Congreso de la República que debe legislar al respecto en los próximos dos años. Sin embargo, para hacerlo debe tener en cuenta los mandatos constitucionales. 

Dice que ninguno de los dos fallos es de aplicación general, que hay un choque de trenes porque se contradicen en lo que dicen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

en  el siguiente audio puede escuchar el desarrollo de la entrevista

 

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