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Jalón de orejas a la fiscalía por no procesar a urbanizadores ilegales

Ante la renuencia de los urbanizadores ilegales a invertir recursos en los servicios básicos de agua y alcantarillado que deben implementar como parte de los proyectos, los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare llamaron la atención a la fiscalía para que actúe en su competencia desde lo penal para que al menos el temor al carcelazo los obligue a responder a sus clientes y la ciudad.

El Tribunal hizo el pronunciamiento, ante el malestar de que los responsables de urbanizaciones ilegales en la vereda El Picón Arenal del sector La Pedrera, en Yopal, muestren una desfachatez total y les tenga sin cuidado que los multen varias veces por desacatar las órdenes de sus magistrados.

En el documento, los magistrados Néstor Trujillo y Aura Patricia Lara se quejan con estas palabras: “Los hechos hablan por sí mismos y la indolencia de los empresarios pareciera indicar que no han sentido el peso del sistema punitivo y por ello ignoran las órdenes del Juez Popular”.

En varios apartes también se quejan de la falta de acción de la fiscalía y la falta de temor consiguiente de los urbanizadores, quienes pareciera tener la certeza de que nada les pasará, al punto de tenerles sin cuidado las sanciones que desde lo administrativo se les pueda imponer. Esta visión desesperada se observa en la declaratoria del segundo incidente de desacato contra las empresas Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces La Española, H&S Bienes Raíces SAS, Inversiones Cruz Barrera, Fundación La Nueva Granada y Jairo Pezca Cepeda Asesorías ATS del Llano, por el incumplimiento del suministro de agua potable con mayor frecuencia y cantidad en sus urbanizaciones, de acuerdo a las órdenes emitidas el pasado 5 de julio de 2018 en una providencia, en donde además se ordena mitigar los impactos ambientales de vertimientos de aguas residuales.

Pareciera no importarles las multas: cada uno debe pagar casi $40 millones y una pena de arresto de aproximadamente seis meses. Mientras tanto, las excusas de los urbanizadores son las mismas, que el municipio debe cubrir esos costos. Ante ello, el tribunal les reconviene porque pretenden que todos los contribuyentes suplan su irresponsabilidad, llevando redes de servicios públicos a donde no estaban disponibles ni previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Lea aquí el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare. Desacato Urbanizadores – Tribunal Administrativo de Casanare

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