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Con Jornadas Educativas, ICBF concientiza a la ciudadanía del no uso de pólvora.

El Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, viene realizando en varios sectores de Yopal, jornadas educativas sobre los peligros del uso de pólvora, que habitualmente se incrementa en esta temporada decembrina.

Las actividades se realizan en lugares concurridos como; parques, terminales de transportes, semáforos, entre otros escenarios, en donde se vienen entregando información a través de charlas sobre las implicaciones, riesgos y la ruta de atención que se debe seguir en caso de presentarse algún accidente por manipulación de pólvora. Mediante la campaña nacional ´Fiesta Sin Pólvora´, se busca masificar las recomendaciones y medidas a tomar por parte de los padres de familia, en aras de proteger la integridad de sus hijos tanto en Navidad como en Año Nuevo, por lo que se invita a los padres de familia a que no compren ningún elemento derivado de la pólvora, y así garantizar el cuidado e integridad de los niños, niñas y adolescentes.

“Desde el ICBF queremos hacer un llamado a los padres de familia, para que no se queden callados ante una emergencia por pólvora, por temor a las amonestaciones. Lo primero que se debe hacer es acudir a los centros de salud, y así evitar complicaciones con la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseguró Jenny Rincón, Directora Regional del ICBF en Casanare.

La siguiente es la Ruta de Atención suministrada por la sede nacional del ICBF:

  1. Cuando un niño, niña o adolescente resulte afectado con pólvora deberá ser llevado a una institución de salud para recibir la atención médica.
  2. El Instituto Nacional de Salud (INS) notificará el caso a los defensores del ICBF o los comisarios de familia que, como autoridades administrativas, verificarán los derechos del menor de edad afectado.
  3. Cuando se detecte vulneración de derechos del menor de edad lesionado con pólvora, el defensor de familia o comisario dará apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y dictará las medidas a que haya lugar.
  4. La Autoridad Administrativa podrá interponer la denuncia penal en contra de los representantes legales del menor de edad.
  5. En caso de fallecimiento, la autoridad administrativa deberá denunciar los hechos ante las entidades judiciales e iniciar la atención psicológica y social a la familia del menor de edad fallecido, al tiempo que realizará la verificación de derechos de los otros niños que se encuentren en el núcleo familiar, sí los hay.

Es competencia de las autoridades iniciar los procesos sancionatorios a los padres o representantes legales, que van desde una sanción civil como talleres comunitarios, tareas de prevención y atención emergencia, o una sanción pecuniaria que implica el pago de hasta 5 salarios mínimos legales vigentes.

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