El presidente duque expidió el decreto 1844 del 1 de octubre de 2018 mediante el cual señalaba que si un ciudadano es atrapado con menos de un gramo de cocaína o menos de 20 gramos de marihuana en su poder, la Fuerza Pública estaba en facultades para confiscarla y destruirla, dicho decreto generó todo tipo de reacciones entre los actores políticos y ciudadanía.
La representante Katherine Miranda del partido verde, demandó el artículo 1 de ese decreto ante el Consejo de Estado, y casi dos años después de presentada solicitud de nulidad, por fin se pronunció la entidad a través de la sección primera, declarando que: «en relación con las conductas asociadas al porte, tenencia y posesión de sustancias sicoactivas, debe aplicarse cuando tales comportamientos traspasen la esfera íntima del consumidor en los siguientes eventos: 1) Por la comercialización y distribución de sustancias sicoactivas, o 2) Porque se afecten los derechos de terceros o de la colectividad”
Razón por la cual la representante expresó: “Recibo con gran satisfacción esta noticia del Consejo de Estado, reconozco en este alto tribunal su carácter humanista, su consideración al libre desarrollo de la personalidad y su intención de proteger de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de quienes portan dosis mínima para su consumo”, pues considera que esta medida protegerá al más débil en la cadena de tragedia y dolor que tiene la industria del narcotráfico.
Así mismo solicitó al presidente Duque una política antidrogas robusta acompañada de medidas y tratamiento de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para consumidores y adictos.
