Exdirectivos de Chiquita condenados a 11 años por financiar a AUC en Colombia

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó este miércoles a siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado. Además, deberán pagar una multa de 13.879 millones de pesos, en calidad de sanción económica y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Los condenados —entre ellos, exasesores jurídicos, jefes de seguridad y representantes legales— fueron hallados responsables de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2001 y 2004, a través de la figura legal de las Convivir, cooperativas de seguridad privadas que sirvieron como fachada para encubrir pagos ilegales a grupos paramilitares.

Esta condena marca un hito en Colombia, donde el caso había permanecido en la impunidad durante casi dos décadas, a pesar de que en 2007 Chiquita Brands se declaró culpable en Estados Unidos de haber realizado más de 100 pagos a las AUC, por lo cual recibió una multa de 25 millones de dólares. En ese momento, la compañía aceptó haber financiado a grupos armados mientras operaba en el Urabá antioqueño, alegando presuntas presiones por parte de los paramilitares.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y judiciales posteriores demostraron que los aportes, más que obligados, respondían a acuerdos estratégicos para garantizar el control del territorio y la seguridad de sus operaciones. En 2024, una corte de Estados Unidos condenó a la empresa a pagar más de 38 millones de dólares a familias de víctimas del paramilitarismo en Colombia.

Durante el juicio en Colombia, la Fiscalía demostró que Chiquita Brands utilizó las Convivir para legalizar pagos superiores a 1.400 millones de pesos en al menos 18 transacciones documentadas entre 1996 y 2004. La jueza Diana Lucía Monsalve dejó claro que estas acciones constituyeron una participación activa en una cadena criminal que alimentó el conflicto armado en el Magdalena Medio.

“Esta es una victoria para las víctimas y un paso importante para acabar con la impunidad empresarial en el conflicto colombiano”, señalaron organizaciones de derechos humanos.

Además, la jueza negó beneficios como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión de la pena, y ordenó la captura inmediata de los condenados.