Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Tribunal Administrativo de Santander declaró al Páramo de Santurbán como sujeto de derechos, una figura que le otorga protección jurídica reforzada como ecosistema vital para más de 2,3 millones de personas. Con esta decisión, el Estado deberá garantizar su conservación, restauración y preservación, actuando como garante de su integridad ecológica.
La sentencia prohíbe nuevas licencias para minería, hidrocarburos o infraestructuras dentro del páramo y ordena a las autoridades diseñar, en un plazo de seis meses, un plan integral de protección. Esta figura se suma a otras herramientas existentes como su delimitación, la zona de reserva temporal y su declaración como parque natural regional.
Mientras organizaciones ambientales celebran el fallo como una victoria histórica, sectores mineros y algunas comunidades rurales expresaron preocupación por posibles afectaciones a sus formas de sustento. El debate sigue abierto sobre cómo equilibrar la protección ambiental con los derechos de quienes habitan la zona.
El reconocimiento como sujeto de derechos es un precedente en la defensa de los ecosistemas estratégicos del país. Ahora, el reto será traducir esta decisión en acciones concretas que eviten el deterioro del páramo y garanticen el acceso al agua de millones de colombianos.
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