El pasado miércoles 2 de agosto en reunión presidida con el secretario de gobierno Luis Eduardo Ardila, y Carlos Colón, de talento humano, pidieron la renuncia a todos los corregidores, presuntamente esto se hizo cumpliendo órdenes estrictas del alcalde Jon Jairo Torres.
Cuando los corregidores exigieron explicaciones del porque la solicitud de despido y cuales eran causales que había encontrado para que la administración los quisiera separar de sus cargos, no hubo respuesta o argumento coherente, por el contrario, se les dijo que así era la vida y que esto era cuestión política.
Obviamente ninguno de los corregidores firmo esta renuncia y más cuando ellos tenían claro que el mismo alcalde JJ Torres el pasado 25 de junio de este año en la Chaparrera, cuando se reunió con nueve de los diez corregidores, éste se manifestó que los iba a apoyar en las dificultades que tuvieran en el ejercicio de sus cargos. Que no planeaba despedir a ninguno, sino por el contrario lo que quería recuperar era la gobernabilidad del municipio.
Sin embargo, la persecución persiste, resulta que 11 de agosto, el jefe de la oficina jurídica Jhon Kennedy Wilchez en una larga reunión nuevamente con los diez corregidores, vuelve y les pide la renuncia, según sus palabras, “las órdenes vienen desde despacho” tampoco hubo explicación formal o legal alguna que justificara este despido masivo.
Por el contrario no le importó la urgente necesidad de apoyo que requieren estos profesionales teniendo en cuenta que los corregidores municipales cumplen las funciones de inspectores de policía, que son la representación directa de la administración en el sector rural del municipio y primera autoridad de cada corregimiento. Ellos trabajan solos en las veredas, no tienen asistente, no cuentan con apoyo de mensajería, papelería o insumos para el desarrollo de sus funciones. Todos sus procesos y sus diligencias deben hacerlas personalmente.
Y donde existen casos especiales, como la situación de la corregidora de Tilodirán, Erika Beltrán tiene ocho meses de embarazo, y el funcionario de Punto Nuevo Jorge Rodríguez es mayor de 60 años; los demás presentan problemas delicados de orden público.
Es de anotar, que hace más de dos años al en ese entonces corregidor de Punto Nuevo Alcibiades Cubides Patarroyo y a su esposa los asesinaron en su vivienda ubicada en el corregimiento, en hechos que aun hoy no se han esclarecido. Se supo que uno de los corregidores ha recibido llamadas en las que lo amenazan e insultan para que renuncie.
La idea de separar de sus cargos a estos diez funcionarios, es bastante cuestionable, teniendo en cuenta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inadmitir el recurso extraordinario de casación, lo que deja en firme la condena hacia el alcalde John Jairo Torres, por urbanización ilegal, decisión judicial que sí separa del cargo en forma definitiva al alcalde.
Por lo tanto, la petición de la renuncia masiva de los corregidores, no está buscando mejorar el servicio en el sector rural, por el contrario, generaría traumatismos en el desarrollo de los procesos policivos en cada vereda.
