El Gobierno nacional adjudicó 5.923 contratos entre el 1 y el 26 de enero de 2026, por un valor superior a 609 mil millones de pesos, pocos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que comenzará a regir este 31 de enero, según reveló El Tiempo tras un barrido en el sistema de contratación pública Secop.
De acuerdo con la investigación periodística, las contrataciones fueron realizadas por 14 ministerios y seis departamentos administrativos, en un periodo previo a la restricción legal que limita la celebración de contratos y los movimientos de personal en entidades estatales durante los periodos preelectorales.
Del total de contratos firmados, 5.741 se hicieron por la modalidad de contratación directa, 180 mediante régimen especial y dos a través de contratos y convenios. Para la contratación directa se destinaron más de 546 mil millones de pesos, lo que representa la mayor parte de los recursos comprometidos en ese lapso.
El Ministerio de Minas y Energía fue la entidad con el mayor número de contratos adjudicados, con 883 en total, todos bajo la figura de contratación directa y, en su mayoría, por prestación de servicios. Según el reporte, esa cartera firmó 154 contratos el 14 de enero, 130 el 17 de enero y 124 dos días después.
En segundo lugar aparece el Ministerio de Ambiente, que adjudicó 720 contratos, también todos por contratación directa. La mayoría de estos se concentraron en fechas puntuales de enero, especialmente los días 5, 6, 13, 14 y 16.
Entre las entidades que firmaron contratos en ese periodo también figuran los ministerios de Deporte, Interior, Ciencias, Comercio, Defensa, Igualdad, Tecnologías de la Información y Hacienda, así como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Prosperidad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Función Pública y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En paralelo a este proceso de contratación, el sindicato de la Cancillería denunció cambios masivos en la planta diplomática. Según reveló El Espectador, en las primeras semanas de 2026 han salido funcionarios de carrera con hasta dos décadas de experiencia, quienes habrían sido reemplazados por contratistas en oficinas adscritas al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Ley de Garantías, que entra en vigencia este viernes, busca evitar el uso de recursos públicos con fines electorales y restringe, entre otros aspectos, la contratación directa y los movimientos de personal durante la etapa previa a las elecciones.
