Condenados a pagar $9.842 millones de pesos por Contraloría General cuatro reconocidos dirigentes casanareños.
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La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare, que involucran a los exgobernadores, Helí Cala López y Whitman Herney Porras, al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, al exalcalde de villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y a varios contratistas.
Los fallos de primera instancia de estos casos fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme posteriormente, al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
- El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal – EAAAY, con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdieron $3.855 millones, correspondientes al anticipo del 50% que le fueron entregados.
- La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
- Otro proyecto fallido es la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
- En el municipio de Villanueva, un proyecto de vivienda de interés social, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado, el contratista, C.I. Desarrollo Territorial S.A. recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Fallo contra exgobernadores Helí Cala y Whitman Porras:
La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores del Casanare Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
– Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
– Faltó verificación de los estudios previos.
– Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
– Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo:
La gobernación de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López Cesar, suscribió el Convenio Interadministrativo número 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
No se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos
La gobernación suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Acueducto del Municipio de Recetor:
La Contraloría General confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores del proyecto para la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor.
La Contraloría pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
Como resultado de conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos: el Secretario de Obras Públicas y Transporte de Casanare, Armando Alfredo Vargas Fuentes, el Director de Contratación del Departamento Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez, los Gerentes de las Empresas Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P, Jhon Miller Domínguez Liévano y Helbert Heribert Niño Reyes, el supervisor de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Casanare Nixon Hilton Pacheco Vega y el Supervisor del Contrato de Obra Pública 0008 de 2010 Cristian Andrés Ortega.
Y contratistas: María Victoria Mora Fonseca, j. j. constructores y cia Ltda., corporación huellas de paz, Martha Yorleny Jiménez Aranguren, Diego Ignacio Arenas y construcciones DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal:
La Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada por la omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y apropiarse del anticipo de $3.855 millones, del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Urbanización Villa Mariana en el municipio de Villanueva:
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”, que iba a beneficiar a 96 familias y no fue terminado, quedando abandonado el proyecto.
El contratista recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Fuente: Contraloría General de la Nación.
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