Congreso da vía libre a norma que busca frenar exportación de exmilitares como combatientes mercenarios
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 92 votos a favor el debate final del proyecto de ley, presentado por la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Ministerio de Defensa de Colombia, que busca prohibir el mercenarismo y su financiación en Colombia. La iniciativa avanza para sanción presidencial, lo que llevaría al país a ratificar la Convención Internacional sobre la Contratación, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, promovida por Naciones Unidas desde 1989.
La norma pretende impedir que exmilitares colombianos sean contratados como combatientes en conflictos en el extranjero, y prohibir su financiamiento, así como el reclutamiento o el entrenamiento de mercenarios con recursos nacionales, en concordancia con las obligaciones internacionales del país.
Durante la discusión del proyecto, las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical se opusieron a la aprobación. Argumentaron que la definición de “mercenario” en la ley resulta ambigua, lo que, según su criterio, podría afectar la libertad profesional de militares retirados que trabajan en empresas de seguridad privada internacional sin implicar participación en conflictos armados. También señalaron que algunos países relevantes, incluyendo a los Estados Unidos, no han suscrito la convención internacional, lo que pone en duda su pertinencia práctica.
El proyecto cobró fuerza en el Congreso tras reportes periodísticos, especialmente una investigación de La Silla Vacía, que documentaron el presunto envío de exmilitares colombianos a luchar en la guerra civil en Sudán, al servicio del grupo golpista Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Según esos reportes, serían más de 300 ex miembros de las fuerzas armadas colombianas implicados, muchos de los cuales habrían sido reclutados bajo falsas promesas laborales. Denuncias señalan que varios de ellos fueron trasladados engañados, creyendo que irían a trabajar en países como Emiratos Árabes Unidos, y terminaron en plena zona de guerra en Sudán.
En su presentación como ponente del proyecto, el representante Alejandro Toro declaró: “No podemos seguir con las manos untadas de sangre de los niños en Sudán entrenados por mercenarios colombianos…”, aludiendo a la responsabilidad internacional del país frente al mercenarismo.
Con la aprobación en la Cámara, el proyecto pasa al escritorio presidencial. Si es sancionado, Colombia se sumará oficialmente al grupo de países que prohíben la contratación y financiación de mercenarios, lo que implicará reformas legales, controles más estrictos sobre exmilitares que busquen empleo en el extranjero y mecanismos de supervisión del cumplimiento de la ley.
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