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Hallazgos de la auditoría exprés que realizó la Contraloría Departamental de Casanare a la Alcaldía de Yopal no son solo un simple informe, ya tienen una connotación de tipo penal, disciplinario o fiscal expresó el jefe de la Oficina Jurídica de la entidad de control, Robinson Luna.
La explicación la dio ayer el funcionario en el debate de control político sobre la auditoría hecha a convenios que fueron realizados por algunas secretarías de la Alcaldía en 2016. Igualmente aseveró que fueron 15 hallazgos administrativos, 12 disciplinarios, dos fiscales y tres penales, por un valor de $ 512 millones de pesos.
Dentro de las presuntas irregularidades encontradas en este ejercicio auditor, la conducta irregular más repetitiva, es la elusión del proceso de selección objetiva, presunto interés indebido en la celebración de contratos, falencias en estudios previos, vulneración al principio de planeación, sobrecostos, presunta celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y desconocimiento de la normatividad en nombramientos, entre otras.
Dentro los hallazgos disciplinarios se encuentran los convenios 1032 de 2016, por presunto interés indebido en la celebración de contrato y falencias en estudios previos, elusión al proceso de selección objetivo de contratación en los convenios 897, 976 y 897 de 2016 a la vulneración del principio de planeación de los convenios 976, 1340 y 1507 de 2016, entre otros.
Frente a las compulsas remitidas a Fiscalía General de la Nación, por medio de oficio 1415, se encuentran hallazgos por presunto interés indebido en la celebración de contrato, presunta celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y desconocimiento de la normatividad en nombramiento de servidor público.
Con respecto a los hallazgos de responsabilidad Fiscal, el jurídico de la Contraloría reseñó que ya fueron remitidos al ente de control competente, pero que estos hacen parte de la reserva del sumario.
En cuanto a los hallazgos disciplinarios, “encontramos dentro del trámite del ejercicio de control fiscal que se ha vulnerado el Régimen Único Disciplinario y por eso lo enviamos a la autoridad competente que es la Procuraduría Regional de Casanare, a través de oficio 14 16 de abril de 2017” adujo el jurídico.
Robinson Luna expresó que se le da la oportunidad a la Alcaldía para que presente un plan de mejoramiento y de esta forma se pueda volver a retomar el orden regular.
El concejal ponente del debate, Pedro Guillermo Torres Ibarra, indicó que más que señalar se debe corregir acciones y esperar que los entes de control den un veredicto final. “Esperemos que no pasen los 5 años y caduquen las acciones fiscales o disciplinarias, por ello estaré al frente para que todo llegue a feliz término porque finalmente lo importante es que la plática de los yopaleños quede bien invertida” añadió el corporado.
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