La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal dejó sin piso jurídico no solo la declaratoria de excepción, sino también los decretos reglamentarios que establecían la creación de nuevos impuestos. En la decisión, los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, ambos nominados por el actual mandatario, salvaron parcialmente su voto, mientras que la mayoría de la Sala consideró que la medida representaba una «ostensible violación de la Carta Política».
El Gobierno nacional había radicado este decreto argumentando una «inminente crisis fiscal» derivada de la falta de recursos tras el fallo legislativo sobre la tributaria y la presión de gastos ineludibles, como los pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud. No obstante, la Corte determinó que no se cumplían los requisitos de excepcionalidad y que existían otros mecanismos ordinarios para gestionar el presupuesto nacional. Según el análisis de los magistrados, el uso de facultades extraordinarias en este contexto vulneraba el equilibrio de poderes, al no demostrarse que los efectos de la situación financiera fueran irreversibles mediante leyes comunes.
A pesar de la suspensión previa del decreto el pasado 29 de enero, el Ministerio de Hacienda reportó que el Gobierno alcanzó a recaudar 1,6 billones de pesos, lo que representa cerca del 10% de los 16 billones proyectados inicialmente por el Ejecutivo. Hasta el momento, el alto tribunal no ha entregado detalles técnicos sobre el destino de estos recursos ya recaudados o si se ordenará su devolución. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General habían expresado su apoyo a la revisión de la Corte, aunque solicitaron proteger la financiación de sectores críticos como la salud para evitar un desabastecimiento en el pago a las EPS.
