Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz , presentó este miércoles en Barranquilla los principales hallazgos de un informe de su entidad titulado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”. El estudio evidencia que cientos de pacientes de distintas regiones enfrentan barreras que impiden el acceso oportuno a tratamientos esenciales.
Entre las cifras divulgadas por Marín se destaca el fuerte aumento en las acciones de tutela por salud: en 2021 fueron 92.372, en 2022 aumentaron a 156.35, y en 2024 se alcanzaron 265.173. Para 2025, la Defensoría proyecta que el número podría ascender a 314.658 tutelas.
El informe también señala que la crisis en el surtido de medicamentos afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales, étnicas y de baja conectividad, y que el costo para algunos usuarios puede alcanzar entre el 7% y el 90% de sus ingresos mensuales cuando deben comprar los fármacos que el sistema no les entrega.
Marín calificó la situación como un problema estructural del sistema de salud, que requiere no solo respuestas puntuales sino una reforma institucional que garantice el derecho fundamental a la salud de forma igualitaria.
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