La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente este miércoles al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, Roa habría utilizado su cargo para influir de manera indebida ante el entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, con el objetivo de favorecer al empresario Juan Guillermo Mancera en la adjudicación de un proyecto de regasificación en el Caribe.
El ente acusador sostiene que este presunto favorecimiento estaría relacionado con la adquisición, por parte de Roa, de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá que pertenecía a una firma vinculada a Mancera. De acuerdo con el peritaje técnico presentado en la audiencia virtual, el inmueble fue negociado por 1.800 millones de pesos, cifra que representa un descuento del 34% frente a su valor comercial estimado en más de 2.700 millones. La fiscal del caso señaló que esta «diferencia sustancial» y las condiciones de pago ventajosas habrían sido la contraprestación por la gestión del directivo ante la filial de la estatal petrolera.
Durante la diligencia ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, Ricardo Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente, mientras que su defensa argumentó que la transacción inmobiliaria se realizó bajo condiciones legales y con recursos propios. Pese a la imputación, la Fiscalía informó que no solicitará medida de aseguramiento, permitiendo que el funcionario continúe en su cargo mientras avanza el proceso. No obstante, el panorama judicial de Roa se mantiene complejo, pues este jueves 12 de marzo enfrentará una segunda audiencia de imputación por la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022.
