Se trata del resonador y del tac, que sin haber sido utilizados ya presentan grandes daños que le significarían al departamento cuantiosos recursos para su arreglo.
Según el gerente del hospital Ronald Roa, el resonador, equipo especializado que identifica patologías esqueléticas o para cualquier órgano, “contiene un magneto que funciona con energía nuclear a -260 grados; Por cuenta de una interrupción en la energía eléctrica se oxidó, su arreglo vale 1600 millones de pesos. A su vez el tac, por falta de uso también se averió, ponerlo en funcionamiento vale 750 millones”.
La información se obtuvo del ingeniero principal de Siemens para el área andina, empresa que los suministró, en visita de este jueves al Hospital. A su vez mostraron su asombro porque según ellos, nunca había pasado esto con equipos nuevos en Colombia.
El próximo martes en audiencia pública, un juez decidirá si es viable tomar la propuesta de mantenimiento de los equipos, hecha por la multi nacional Siemens.
La penosa novela que protagonizan los casanareños por cuenta de estos equipos y de la construcción misma del edificio no para de generar noticias, como ya lo había reseñado Violeta estéreo la semana pasada cuando se conoció que En fallo de segunda instancia la Contraloría General halló responsabilidad fiscal por 59.460 millones de pesos contra los exgobernadores de Casanare, William Pérez y Raúl Flórez y el exrector de la Universidad de Cartagena Sergio Manuel Hernández, por daño patrimonial causado por las irregularidades en la construcción del nuevo Hospital de Yopal que duró 13 años y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios.
Con respecto a la construcción del hospital, cuya inversión inicial fue de $47.970 millones, las obras se recibieron sin estar totalmente terminadas y por tanto sin ninguna funcionalidad.
La construcción del Hospital se inició, sin licencias, ni vías de acceso, ni acometidas de servicios públicos, razón por la cual se entregó la obra sin concluir y solo a través de una acción popular se ordenó su culminación.
La obra, que se planeó adelantar en un año, se demoró 9 años en su construcción y 13 años para ponerla en servicio de forma definitiva (abrió en marzo de 2015).
Para culminarla debieron invertirse $19.341 millones adicionales de recursos de regalías, para realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de vigilancia.
Estando la obra inconclusa, se compraron estos equipos biomédicos a través de un contrato de leasing, que generó el pago por parte de la Gobernación de Casanare de intereses innecesarios por más de $6 mil millones.
Según la entidad los equipos adquiridos para el Hospital, cuyo valor se calcula en más de $12 mil millones, están hoy perdiéndose, no se pueden utilizar y se les vencieron las garantías.
El fallo con responsabilidad fiscal fechado del 5 de junio de 2017 cobija de forma solidaria y a título de culpa grave, en cuantía indexada de $34.875 millones, a William Pérez Espinel, y Sergio Manuel Hernández Gamarra, por el detrimento ocasionado por una obra inconclusa contratada en 2002 por 47.970 millones de pesos, que demandó mayores inversiones para entrar en servicio como consecuencia de haber desconocido todos los principios de contratación.
Contratación triangulada.
Aunque el contrato implicaba que la Universidad de Cartagena debía contar con las capacidades requeridas para cumplir el objeto contractual, el rector de la institución educativa contrató a su vez todas las obligaciones convenidas con la Gobernación a través de 4 contratos de obra, para la construcción del Hospital, por valor de $43.262 millones. Y celebró además 4 contratos de consultoría por valor de $8.386 millones.
La Gobernación tuvo que incurrir en mayores gastos para poner al servicio el nuevo Hospital, pues las instalaciones se encontraban en mal estado, deterioradas, en total abandono y debieron realizarse los trámites para la legalización de los servicios públicos, legalización del predio, servidumbres y adecuaciones.
Responsabilidad de Raúl Flórez, actualmente fuera del país.
Fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, en cuantía indexada de $24.584 millones por afectar el patrimonio público al suscribirse un contrato de leasing en 2011 para adquirir en arrendamiento con opción de compra los equipos biomédicos para el nuevo Hospital por 60 mil millones de pesos, sin que este se hubiera terminado y adecuado para recibir los mismos, y comprometiendo a la Gobernación a pagar intereses por valor de $6.229 millones, desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 3 de julio de 2012.
La compra de los mismos se hizo sin tener en cuenta cosas elementales como las especificaciones y capacidad eléctricas para su instalación y la misma capacitación del personal que debía manejarlos.
Calcula la Contraloría que equipos por aproximadamente $12.443 millones no se encuentran hoy en funcionamiento en el Hospital de Yopal.
