La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó la imputación de cargos contra ocho miembros del Ejército Nacional por crímenes cometidos entre los años 2001 y 2012 en el departamento de Nariño. Los uniformados, adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado número 3 y al Batallón de Contraguerrilla número 93, son señalados como responsables de graves afectaciones contra comunidades afrocolombianas, campesinas y los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidara. Los hechos ocurrieron en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.
Con esta decisión, la magistratura cierra la etapa de investigación del Macrocaso 02, el cual prioriza la situación territorial en esta zona del Pacífico. La JEP logró identificar tres patrones macrocriminales ejecutados por los imputados: la estigmatización y violencia selectiva contra líderes sociales, la comisión de ejecuciones extrajudiciales —conocidas como «falsos positivos»— y el ejercicio de un control militar del territorio que vulneró los derechos colectivos de las comunidades étnicas de la región.
Esta determinación representa la segunda gran imputación dentro de este caso específico. Cabe recordar que, en el año 2023, el tribunal ya había imputado a 15 antiguos integrantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en los mismos municipios.
Tras la notificación oficial, los ocho militares dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para manifestar si aceptan o rechazan los cargos y la responsabilidad que se les atribuye. En caso de reconocer los hechos, los procesados pasarán a una audiencia pública de reconocimiento de verdad. De lo contrario, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para un juicio penal convencional, donde podrían enfrentarse a penas privativas de la libertad de hasta 20 años si son hallados culpables.
