Juzgado embarga 10 hectáreas de tierra del proyecto ilegal “Sirenita”, promovido por algunos docentes

Docentes afiliados y directivos de la Cooperativa Multiactiva de Educadores de Casanare, Coomec Ltda, que fueran denunciados y demandados por promover de manera ilegal el plan de vivienda denominado “Sirenita” en el municipio de Yopal y que no reintegraron los dineros correspondientes a cinco usuarios de este proyecto, ahora tienen que responder ante Juzgado segundo civil del circuito de Yopal, quien opto por embargarles una área de10 ha de tierra del mismo proyecto como medida cautelar en el proceso.

Según la versión de los denunciantes, el licenciado Fernando Molina Ruiz, junto a otros profesores en el año 2009, utilizaron la Cooperativa Coomec Ltda. para promover, vender y recaudar dineros de 409 compañeros, quienes compraron lotes de diferentes áreas por valores entre 10 y 12 millones de pesos, dependiendo si el docente era o no afiliado a la cooperativa, siendo esta última quien terminó en algunos casos prestando los dineros para la adquisición del predio, bajo la premisa que el proyecto contaba con licenciamiento urbanístico y que el proceso de escrituración era de manera inmediata.

Situación que al paso de los años fue desmentida por los diferentes directores de la Oficina de Planeación del municipio de Yopal; en principio por Lucia Gaona, quien en el año 2013, responde un derecho de petición a una de las víctimas, diciendo que para la fecha “no existe ninguna solicitud de licenciamiento urbanística con ese nombre y que el área donde se dice existe ese predio pertenece al sector rural”; en el año 2015 la Oficina Asesora de Planeación de Yopal determina declarar el desistimiento y se ordena el archivo del expediente de solicitud de licencia urbanística 39868 del proyecto Sirenita.

Sin embargo los urbanizadores siguen insistiendo y, en año 2016, Fabio Andrés Rodríguez, nuevamente les responde que “la actividad plan de vivienda no se contempla dentro de las permitidas por determinaciones de uso de suelo para ese sector. Repitiéndose la historia una vez más con Juan Carlos Suárez, quien el 20 de abril de 2017 ratifica lo promulgado por sus antecesores, que no se podía lotear y menos construir en ese sector por múltiples situaciones que van contra la normatividad de uso de suelo, ambiental y de integridad física de los residentes.

Sin embargo de manera inexplicable y contra todo pronóstico el mismo Juan Carlos Suarez, quien el pasado 20 de abril había dicho que era imposible, ahora el 14 de junio de 2017 cambió de parecer de manera sorpresiva y emitió la resolución No 10254341 la cual otorga la licencia urbanística al proyecto “Sirenita” Licencia que fue cuestionada por la Oficina de Instrumentos Públicos por no ser clara y que de paso fue devuelta a la Notaria Primera para que esta la remitiera a la Oficina Asesora de Planeación y la subsanara; sin embargo como esta última entidad no sabe qué hacer con esta papa caliente los urbanizadores ilegales aprovecharon e interpusieron una tutela por violación al debido proceso y donde pretenden que la Administración Municipal legitime y legalice el licenciamiento urbanístico de la “Sirenita”. Lo cierto es que nadie sabe que va a pasar con esta licencia.

De otro lado mientras los docentes esperan que se dirima la situación de la licencia urbanística del proyecto “Sirenita” algunos de ellos cansados de luchar contra la falta de moralidad pública, decidieron demandar para demostrar que el contrato suscrito entre los promotores del proyecto urbanístico “Sirenita” y ellos era nulo, porque el licenciamiento del proyecto nunca pudo realizarse; y aquí hay que advertir que los promotores del proyecto de venta de lotes a docentes en el año 2009, constituyeron una Asociación denominada “Asociación de Educadores Copropietarios de Lotes para Planes de Vivienda” y así fue como pudieron suscribir los 409 contratos de compra venta, que mal tasados representan aproximadamente $4.300 millones de pesos recaudados, teniendo en cuenta la variación área y precios de los lotes.

Quienes demandaron lo hicieron contra la Cooperativa Coomec y la Asociación de Educadores a través del proceso ordinario de resolución de contrato ante el Juzgado Civil del Circuito De Yopal, logrando que en primera instancia el Juzgado determinara la nulidad del contrato y que conminara a la “Asociación de Educadores Copropietarios de Lotes para Planes de Vivienda” a que devolviera los dineros a los cinco profesores demandantes; sin embargo los urbanizadores ilegales apelaron el fallo, donde fue resuelto por el superior jerárquico y quien ratificó el fallo el cual determina la devolución de los dineros de los usuarios demandantes más los interés de ley, evento que a la fecha no se ha cumplido y que conllevó al embargo de las 10 hectáreas de terreno del proyecto “La Sirenita”.