Libertad de JJ Torres depende de Juez Penal Especializado de Yopal

Hay gran expectativa en Yopal por decisión que tome hoy en audiencia el Juez Penal del Circuito Especializado de Yopal, Iván de Jesús Dueñas, sobre si anula o no el proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que cursa contra el alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres y su esposa Dora Emilce López. Si lo anula el mandatario recobraría su libertad la próxima semana.

La audiencia que estaba prevista para el 30 de noviembre se anticipó para hoy a solicitud de la defensa de la pareja Torres-López. En ella el Juez tendrá que decidir si existió violación al debido proceso al supuestamente existir dos investigaciones diferentes en la Fiscalía General por los mismos hechos, uno bajo la ley 600 de 2000 y otro bajo la ley 906 de 2004.

Según la argumentación presentada por Isnardo Gómez Urquijo, en acción de tutela negada en la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá, y fallada en contra, por improcedente, el pasado cuatro de agosto de 2016, la primera investigación, “bajo la vigencia de la ley 600 de 2000, es por hechos acaecidos presuntamente desde el año 2000, actuación de la que conoció inicialmente la Fiscalía 6 Especializada de Yopal-Casanare con el radicado 11853 y que luego fue reasignada a la Fiscalía 8 DFALA en la ciudad de Bogotá”. De este explica que inició en marzo de 2012 y en el proceso no se les impuso medida de aseguramiento a los indagados.

Y agrega que la segunda investigación a cargo de la Fiscalía 13 (antes 7) DFALA, bajo el radicado que termina en 087, bajo la ley 906 de 2004, iniciado a partir del dictamen S-2015-013433 de la Dijin, contra el mismo alcalde por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particular “se basa en los mismos hechos, estructurados a partir del estudio de la información financiera de Torres Torres de los años 2009 en adelante, de los establecimientos de comercio como Caricias Íntimas, bienes inmuebles como El Diamante, la urbanización y el hotel La Bendición y unos vehículos…”

Con estos argumentos la Defensa considera que han sido vulnerados sus derechos políticos, derecho de defensa y debido proceso, por tanto solicita la anulación de todo el proceso y de esta forma pueda recobrar su libertad perdida hace cuatro meses y 10 días.

Mientras tanto la Fiscalía General de la Nación argumentó, en relación a la tutela mencionada, que “la investigación seguida bajo la ley 906 de 2004 se circunscribe a hechos correspondientes a los años 2012 a 2015 y la actuación que se sigue bajo la ley 600 de 2000 corresponde a hechos anteriores”. Por ende “son situaciones patrimoniales diferentes”, puntualiza el ente acusador.

Igualmente el director de la Seccional de Fiscalías del Casanare en julio de 2016 informó que inicialmente la Fiscalía 6 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Yopal conoció de la investigación inicial contra Torres y posteriormente por orden del Fiscal General Eduardo Montealegre la investigación fue reasignada al Fiscal 8 adscrito a la Dirección de Fiscalías Especializadas Antinarcóticos y Lavado de Acticos, DFALA de Bogotá.

En una de las múltiples páginas de Facebook a nombre del alcalde Torres, este expresó el fin de semana que era un hombre libre. En los corredores políticos se rumora sobre que “ya estaría arreglado el tema” para que Torres salga libre. Incluso algunas personas cercanas al proceso manifiestan que la audiencia se adelantó porque al Juez Iván de Jesús Dueñas le habría salido un fallo de segunda instancia condenatorio por prevaricato y por ello la precipitud de la audiencia.