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Por favorecimiento en fallos judiciales la Fiscalía imputa cargos contra los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta y legalizó la expedición de 24 órdenes de captura contra seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares y otros.
Las decisiones hacen parte de una investigación contra una empresa criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.
Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía.
En audiencia de imputación, programada para el 10 de julio próximo, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.
Estos funcionarios junto con las otras 24 personas deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.
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