El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó este jueves que los sindicatos no participarán en la negociación del salario mínimo legal vigente para 2026 si la propuesta empresarial permanece por debajo de un alza de dos dígitos. La advertencia se da en medio de las discusiones oficiales entre representantes de trabajadores, empresarios y el Gobierno para fijar el ingreso básico anual.
Arias declaró que la CUT y otras centrales obreras mantienen una propuesta de incremento del 16%, y que esa cifra —aunque susceptible de ajuste— solo será revisada si el sector empresarial presenta una oferta más alta, de al menos dos dígitos. “Si los empresarios se van a quedar ahí… nosotros no nos vamos a mover tampoco”, señaló el líder sindical en rueda de prensa, en referencia a la cifra del 7,21% planteada por los gremios empresariales.
La postura sindical se produce tras la presentación de las propuestas oficiales: los gremios, incluidos Andi, Acopi y la SAC, propusieron un aumento del 7,21%, mientras las centrales de trabajadores solicitaron un incremento del 16% tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte.
La negociación se lleva a cabo en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, convocada por el Ministerio de Trabajo, donde también participan delegados del Gobierno. El ministro Antonio Sanguino ha manifestado confianza en que puede alcanzarse un consenso, señalando que ninguna de las cifras presentadas es “inamovible” y que existe disposición de las partes para acercar posiciones.
La fecha clave para definir un acuerdo es el 15 de diciembre, cuando se vence el primer plazo para lograr un consenso. De no concretarse un acuerdo antes de esa fecha, se activará un segundo tramo de negociación entre el 16 y el 29 de diciembre. Si al final de ese período tampoco hay concertación, el Gobierno tendrá la facultad de fijar el aumento por decreto, como ocurrió recientemente con el salario mínimo de 2025.
Los sindicatos han justificado su demanda de un incremento de dos dígitos en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y la dinámica de precios en bienes esenciales, mientras que los representantes empresariales han defendido una cifra más moderada con base en criterios técnicos de inflación y productividad.
