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En decisión de primera instancia la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad general por 13 años al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño, por irregularidades en la contratación de los pozos profundos que hoy surten de agua a Yopal
En el mismo fallo se destituyó e inhabilitó por 10 años a Helver Martínez Bohórquez y Gustavo Adolfo Lara Sepúlveda, exgobernador (e) y exjefe Jurídico de la Gobernación de Casanare.
La Procuraduría les reprocha haber suscrito el contrato interadministrativo 1313 el 21 de junio de 2012 con la Eaaay por 22.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de cuatro pozos profundos para abastecer el acueducto del municipio, aun cuando esta empresa no tenía la capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el negocio jurídico, y por lo tanto no era viable esta forma de contratación directa, y lo procedente era haber realizado una licitación pública.
Según el Ministerio Público los funcionarios violaron “el principio de responsabilidad de la contratación estatal. La Procuraduría encontró que la Eaaay se comportó como una empresa de tercerización para administrar recursos públicos, mientras otra sociedad ejecutó el objeto del convenio.
Explicó la Procuraduría que “(…) el legislador estableció una limitante legal para las partes del contrato interadministrativo, según la cual es la entidad ejecutora la que debe llevar a cabo por si misma las obras, trabajos o servicios contratados en función de su objeto social, lo cual no obsta para que en algunos eventos pueda subcontratar algunas de las actividades, entendiéndose con ello que no se puede subcontratar todo el objeto pactado en los contratos interadministrativos”.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal calificó la conducta de los tres investigados como gravísima a título de culpa gravísima. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
Este fallo se suma a la otra destitución e inhabilidad por 14 años impuestos por la Procuraduría en relación a la contratación de los restaurantes escolares a través de Comfacasanare y según la cual esta entidad no tenía la capacidad para desarrollar la actividad y tuvo que subcontratar.
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