Todo comenzó el pasado viernes cuando, tras la evaluación por parte del Comité Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres, se decidió que el árbol debía ser derribado porque uno de sus lados se encontraba en un estado que representaba riesgo a la comunidad que transita por el sector ya que con el aumento en la velocidad de los vientos del mes de agosto podría caer y causar daños a quienes se encontraran cerca.
Una vez derribado el árbol, aparecieron las voces de la comunidad en protesta por la acción en contra del árbol, una de ellas es la señora Bibiana Torres quien funge como activista ambiental, social y habitante del sector que reclama por no haber socializado con la comunidad, la necesidad de derribar el árbol y disponer de la madera como aprovechamiento del recurso natural producto de la tala. Lo primero que demanda son los permisos de la autoridad ambiental y las explicaciones por escrito en un informe que muestre la investigación que concluye que es necesario derribar el árbol en mención. La señora Bibiana dice que todo lo que encontró fue a unas personas que estaban sacando la madera con moto sierras, pero ellos manifiestan que están allí por solicitud de un particular, un vecino a quien le donaron la madera. De inmediato se dirigió a las instalaciones de la alcaldía para exigir una respuesta que no le fue dada en el momento y por lo cual radicó un PQR solicitando explicación de lo que denominó un arboricidio. Además, reclama por el daño de dos sillas, una palma y otro árbol que resultaron afectados con la caída de nauno.
Al consultar con funcionarios de la autoridad ambiental; Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, se pudo establecer que existen dos formas de realizar este tipo de procedimientos: cuando el árbol representa una amenaza, pero no es urgente, se debe enviar la solicitud con todos los soportes a la autoridad ambiental solicitando el aprovechamiento del recurso. Cuando es inminente el riesgo y no da espera y se hace urgente la intervención, el CMGRD puede hacerlo teniendo 5 días hábiles para enviar toda la información a la autoridad ambiental, quienes finalmente deliberarán si el procedimiento se hizo siguiendo los protocolos o no y de acuerdo con ello, deciden si se autoriza o se aplica una sanción.
Al respecto, Manuel Peña Cely, reconocido ambientalista de Casanare, habló de los ciclos de vida de los árboles y explicó cómo sería en el escenario ideal la forma correcta de realizar un proceso de esa índole y manifiesta que es vital la socialización con la comunidad.
Por ahora, oficialmente no ha habido pronunciamiento por parte de la administración municipal a través del CMGRD ni la secretaría de agricultura, ganadería y medio ambiente. Lo que se sabe es que se hará el pronunciamiento cuando se tenga el informe completo que se enviará a la autoridad ambiental CORPORINOQUIA.
Bibiana Torres, habitante del sector.
Manuel Peña Cely, ambientalista.
