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El Comité pro consulta popular de Yopal se inscribió este jueves ante la Registraduría Municipal. Sería la primera vez que una ciudad capital realiza una consulta por hidrocarburos. El comité espera recoger 20 mil firmas para que la Registraduría avale el trámite de consulta popular.
“¿Está usted de acuerdo ciudadana, ciudadano yopaleño, que en el municipio de Yopal, Casanare, se realicen actividades de sístima, fracking, exploración y explotación de hidrocarburos?” Esta es la pregunta con la que un grupo de líderes de la ciudad de Yopal inscribió este jueves 29 de junio, ante la Registraduría Municipal, el comité proconsulta popular.
Para Luis Arturo Ramírez Roa, abogado y líder del Comité pro consulta popular de Yopal, esta iniciativa es de origen popular y “tiene por objeto aplicar el principio de precaución y prevención establecidos en el Tratado de Río de Janeiro y de Tokio frente a la experiencia vivida por los casanareños y, en especial, por los yopaleños, durante más de 30 años de explotación petrolera”.
Según el jurista, “cada día vemos el estado de la situación social, situación económica y de subdesarrollo de nuestro departamento; donde lo único que se ha logrado es el impacto ambiental, social, económico y cultural de manera desfavorable, sin que haya una política clara por parte del Gobierno Nacional.”
Los líderes del comité pro consulta de Yopal buscan “rechazar mediante el mecanismo de consulta popular la forma como se ha entregado la riqueza a las multinacionales petroleras”, pues consideran que los contratos de concesión con las empresas extranjeras “son totalmente leoninos para la economía del estado colombiano, donde la política central del gobierno desconoce lo establecido en los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento territorial frente al uso del suelo”.
Para el abogado Arturo Ramírez, el ejecutivo “desconoce el diálogo y la autonomía territorial y la autonomía de las entidades descentralizadas”. Y, por tal razón, la comunidad de Yopal ha tomado la decisión de realizar una consulta popular en la que “le vamos a preguntar a las yopaleñas y los yopaleños si están o no de acuerdo con que en el municipio de Yopal se siga haciendo actividad de sísmica, de exploración y explotación de hidrocarburos y si quiere fracking en la región”.
Según los líderes del comité pro consulta popular de Yopal, el departamento de Casanare y la comunidad de la región son fieles testigos de que la industria petrolera solo ha dejado desolación y tristeza. “Es una vergüenza nacional que la capital del departamento, que le produce grandes regalías a la nación y al estado colombiano, no tenga un acueducto –advierte el jurista Ramírez Roa- y que, por el contrario, cada día nuestras aguas sean profundizadas y contaminadas, y las empresas petroleras, apoyadas por el gobierno central, humillen a la comunidad casanareña y abusen de la licencia ambiental”.
Los integrantes del comité pro consulta popular aseguran que la “la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es una entidad ciega, sorda y muda, que no escucha a las comunidades ni ejerce ninguna dirección ni vigilancia a los proyectos petroleros. Y cada día lo que vemos nosotros es más contaminación.”
El abogado Ramírez , quien también asesoró y lideró las consultas populares de Tauramena , Casanare, en 2013 y Cumaral, Meta, el pasado 4 de junio, recordó la reciente situación vivida en el municipio de Nunchía “por la rotura de los tubos que llevan más de 30 años de servicio y hoy están llenos de poros y causando daños ambientales irreparables”.
Según el consultor legal ambiental, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ni siquiera tiene una oficina en Yopal para atender de manera inmediata estas situaciones. “Esto hace que los casanareños hayamos despertado y estemos llevando a cabo y trabajando varias consultas populares.”
Hoy Yopal es la primera capital de departamento que quiere realizar una consulta popular en contra de la extracción y explotación de hidrocarburos.
Esto lo tiene que saber el Gobierno Nacional, “no para que salgan a desconocer la soberanía y el voto popular y la decisión del pueblo, sino para que cambien esa política miserable con la riqueza natural del Estado colombiano”, aseguró el abogado Ramírez Roa.
Esta consulta popular se origina por iniciativa ciudadana. Por tanto, “esperaremos que la Registraduría autorice al comité para iniciar la recolección de firmas y así recoger unas 20 mil firmas para presentar a la Registraduría para avalar la consulta popular y seguir su trámite ante el alcalde y el concejo municipal y ante el juez natural constitucional, que es el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual declarará si es constitucional o no la pregunta que le haremos a las yopaleñas y a los yopaleños.”, puntualizó el asesor y líder del Comité proconsulta de Yopal.
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