La División de Cazafugitivos de la PNC presentó a José Anibal Mejía Bermudez, de 28 años de edad (a) "Pigui, cocina o chacal" el cual pertence a pandilla MS -Nejapas Locos Salvatruchos (NLS)- quien esta acusado de haber cometido el supuesto delito homicidio agravado. Asi tambien presetnaron a Tomas Antonio Ramirez Gonzalez, de 19 años (a) "Toño o Toñito" que pertenece a la MS por el delito de homicidio agrvado tentado asi como de tratar de proporcionarles un fusil M-16 a miembros de las pandillascuando brindaba servicio militar. Detalle de esposas. Foto Más!: Claudia Castillo
La Fiscalía Especializada contra la Corrupción estableció que el exsecretario de Educación, de Lorica (Córdoba), Alberto Aparicio Ávila Sánchez, entre 2010 y 2012, expidió 122 resoluciones de ajuste pensional y jubilación que no procedían y eras contrarias a la ley.
Luego de avalar el material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento de Bogotá condenó a 40 años y un mes de prisión, e impuso multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al exsecretario de Educación de Lorica (Córdoba) Alberto Aparicio Ávila Sánchez.
La decisión declaró al exfuncionario responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, y dispuso la captura inmediata para hacer efectiva la sentencia.
En el curso de la investigación se constató que un grupo de docentes, con los documentos firmados por el señor Ávila Sánchez y certificaciones falsas, acudió ante diferentes jueces en Córdoba que fallaron a su favor y les reconocieron el pago de pensiones, cuando en realidad no cumplían los requisitos.
Con la mediación de algunos abogados, los profesores obtuvieron decisiones judiciales que ordenaron el desembolso de altas sumas de dinero.
Esto representó una defraudación de 39.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduprevisora S.A. Por esta investigación, conocida como el ‘Carrusel de la Educación en Córdoba’ otras 22 personas han sido judicializadas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
