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Según el diagnóstico hecho por la superintendencia, 15% de los terminales del país se encontraban en estado crítico, presentando incumplimientos que afectan directamente la calidad del servicio que están obligados a prestar a los ciudadanos. Tunja, Cúcuta, Pamplona (Norte de Santander), Buenaventura (Valle del Cauca), Santa Marta, Maicao (La Guajira) y Aguazul (Casanare) fueron los terminales con mayor porcentaje de incumplimientos normativos relacionados con aspectos vinculados a la correcta implementación de su infraestructura.
Las inspecciones se hicieron sobre puntos de información, enfermerías, dispositivos para pruebas de alcoholimetría a conductores, baños, manejo de basuras y aguas negras, señalización, obras para agilizar circulación de vehículos y peatones, salones de descanso para conductores, así como rampas, barandas y espacios exclusivos para garantizar el acceso de usuarios en condición de discapacidad.
En enero la entidad hizo el acompañamiento a los terminales de Buenaventura, Quibdó, Casanare, Aguazul y Yopal, para atender hallazgos urgentes.
“Nuestro compromiso es con los usuarios y la competitividad del sector: la calidad en la prestación del servicio es clave”, manifestó el superintendente Javier Jaramillo, al tiempo que invitó a los ciudadanos “a unirnos para acabar con el transporte informal, que tanto riesgo representa para la seguridad vial”.
Jaramillo resaltó que “es nuestra obligación ofrecerles una infraestructura en buenas condiciones, para que siempre viajen legales y seguros desde cualquiera de los terminales autorizados en todo el país”, por lo que anunció que lo terminales investigados se exponen a multas de hasta $547 millones.
No obstante el incumplimiento de los terminales investigados, el superintendente anunció que 78% de los 46 terminales del país ya adelantan la implementación de sus planes de mejoramiento, con los que la entidad busca que pongan al día su infraestructura.
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