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A partir de esta semana rige suspensión del proyecto petrolero El Portón en Yopal. La Anla, ANH y la empresa Gran Tierra Energy ya debieron haber sido notificadas. Alcaldes y Policía Nacional deben verificar que las ordenes cautelares emanadas del Tribunal Administrativo de Casanare se cumplan.
El Contencioso ordenó que en menos de 24 horas a partir de la notificación las entidades debían cumplir con la suspensión de todo tipo de actividad prospectiva, de exploración y otras relacionadas en relación al proyecto petrolero en cuestión y el cual fue demandado a través de acciones populares interpuestas por Luis Arturo Ramírez y Corporinoquia.
El Magistrado Néstor Trujillo explicó que la decisión se basó en el principio de precaución y en un estudio hidrogeológico realizado por Corporinoquia en 2014 que recomienda actualizar estudios y restringir cualquier tipo de práctica industrial que pueda afectar el manto acuífero subterráneo, sus zonas de recarga y de preservación y de un reporte de la Eaaay, entidad que reveló que hay 10 pozos, unos de alta productividad, que abastecen al 60% de los habitantes de Yopal, es decir cerca de 100 mil habitantes.
Trujillo explicó que la consideración más importante fue el paso del tiempo y una contingencia referente al desastre de la planta de tratamiento de agua potable en 2011; que la licencia ambiental fue otorgada en 2009, el contrato con la ANH es de 2007 y que todos los estudios realizados fueron antes de la licencia.
El magistrado también puntualizó que “Los jueces populares no somos agentes de la industria, no estamos representando intereses económicos de nadie, tenemos una investidura de origen constitucional, nos la hemos ganado en concursos públicos, hemos ganado entre los mejores de los mejores. Al único que le debemos obediencia es al bloque de constitucionalidad y segundo a nuestra propia conciencia en la valoración de los hechos.”
Y finalizó diciendo que “nosotros no descendemos a la arena política, plaza pública ni a las manifestaciones emotivas de la comunidad. Se debe armonizar el desarrollo sostenible, las políticas públicas económicas con la preservación de un patrimonio que no pertenece al gobierno de ahora o después, es un bien de la humanidad de forma que con evidencia técnica. No es una operación aritmética.”
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