Las Victimas del Conflicto Armado en el Departamento de Casanare, hoy en Violeta Estero 89.7 a “Calzón Quitao” hicieron observaciones al Proyecto de Ley “Jurisdicción Especial para la Paz” el cual fue analizado el pasado 14 de febrero de 2017, en audiencia pública realizada en la Comisión Primera del Senado.
Según este proyecto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo para otros actores del evento no es más que la legitimación política a las pretensiones de algunos partidos políticos
Son cuatro los pilares del proyecto: el primero, tiene que ver con el cambio de periodo de mandato del Presidente de la República, que pasaría de cuatro a cinco años, el representante de las Victimas en Casanare, José Alirio Barrera, afirma estar de acuerdo con esta propuesta, porque dice que esto garantizaría la continuidad de los procesos.
El segundo pilar es la eliminación de la figura ejecutiva de Vicepresidente de la República, (propuesta que genero ampolla en German Vargas Lleras) actual Vicepresidente, pero que para las víctimas de Casanare es coherente, ya que se elimina un cargo burocrático que no genera mayor gestión en los procesos públicos administrativos del País.
El tercer pilar la creación de movimientos sociales y políticos de víctimas para que puedan abiertamente manifestarse y hacer política y el cuarto pilar habla de 16 circunscripciones especiales para la paz.
Sin embargo los reparos a nivel nacional no dan tregua, bien sea por
Catedráticos de diferentes Universidades, expertos en temas de paz y demás ciudadanos. Por ejemplo en la audiencia del 14 de febrero los colombianos al catedrático Rodrigo Uprimny, quien pidió que en el texto se aclare la responsabilidad de los mandos civiles.
Por su parte los militares como Brigadier General Jaime Ruiz Barrera señaló que los textos planteados son lesivos para los miembros de la fuerza pública y Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, pidió más explicación ya que no es claro cuál entidad sería la responsable de la implementación de la política pública de reparación a víctimas.
Sin embargo aquí en el Departamento las víctimas del conflicto tienen la esperanza de que este proceso les dé verdaderas garantías de justicia verdad y no repetición de las acciones violentas contra los Colombianos.
