Cambio de ponente en el estudio de constitucionalidad de la reforma pensional tras decisión de la Sala Plena.

La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó, con una votación unánime de 8 a 0, el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien hasta hoy se desempeñaba como ponente del debate sobre la reforma pensional.

La salida de Ibáñez se produce luego de que el propio togado manifestara verse afectado por la filtración de su proyecto de fallo en medios de comunicación. En dicho documento, el magistrado argumentaba la necesidad de tumbar la reforma basándose en vicios de trámite y detalles técnicos. Tras su retiro, el expediente ha pasado oficialmente a manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, actual presidenta de la corporación.

Este movimiento jurídico genera un impacto directo en el cronograma de la Corte: la decisión sobre la constitucionalidad de la ley se alargará significativamente. La magistrada Meneses deberá estudiar desde cero el expediente y elaborar una nueva ponencia, lo que posterga el desenlace de la que es considerada la revisión judicial más importante sobre el legado legislativo del Gobierno Nacional.

Es importante recordar que el debate se encuentra en un punto crítico. En diciembre de 2025, la Sala Plena registró un empate de 4 contra 4, debido a que el magistrado Héctor Carvajal también se encuentra impedido. Esta situación obligó al nombramiento del abogado Pablo Márquez como conjuez, quien tendrá en sus manos el voto definitivo para desatar el nudo jurídico que mantiene dividida a la Corte.

El panorama para la reforma es binario: si la Corte decide que hubo vicios de procedimiento, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Representantes para ser debatido nuevamente y someterse a un nuevo examen constitucional. Por el contrario, si la reforma «pasa en limpio», entrará en vigencia plenamente y la Corte procederá a estudiar de fondo las demandas específicas contra sus artículos.