AUDIO | Comunales de Yopal, hacen llamado de urgencia por el restablecimiento de la normalidad administrativa de la capital del departamento
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A esta petición de los comunales, se unen comerciantes, ediles, exconcejales, Ong`s, líderes cívicos y población general de la Capital Casanareña, a fin de exhortar al Presidente de la República, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría entre otros, para que intervengan hasta donde sus competencias le sea posible para que se restablezca la gobernabilidad, el orden administrativo y se recupere la institucionalidad en la ciudad.
Con este borrador de misiva los comunales buscan que la misma ciudadanía haga curaduría del documento y para ello han citado una reunión para el día miércoles 17 de agosto en el salón comunal de la florida en horas de la tarde, aunque el sitio está sujeto a cambios dependiendo del número de personas que asistan.
Por ahora el documento establece lo siguiente: “En nuestra calidad de habitantes del municipio de Yopal, los abajo firmantes elevamos un enérgico llamado de urgencia para que dentro del marco de sus funciones constitucionales y legales, emprendan las acciones que les correspondan y se tomen las decisiones judiciales a que haya lugar con el fin de romper el limbo jurídico en el cual se encuentra hoy la administración del municipio de Yopal”
“Es de dominio público que por cuenta de la corrupción y la negligencia administrativa, la capital de Casanare ha venido sufriendo durante los últimos años la deficiente prestación del servicio público esencial de suministro de agua potable, con todo lo que ello implica en materia de salud pública, calidad de vida de sus habitantes y deterioro en materia de inversión pública y privada”
“A este difícil escenario se le ha sumado la drástica desaceleración de la economía como consecuencia de la disminución de la actividad petrolera en la región, así como del cambio en el esquema de distribución de regalías de este sector. Situación ésta que ha derivado en una fuerte reducción del empleo y de la actividad comercial, con gravísimas consecuencias en materia de seguridad y convivencia a nivel urbano y rural”
“Ahora bien, como si no fuera suficiente este complejo cuadro de dificultades propias del entorno económico nacional, el municipio de Yopal lleva cerca de dos (2) años en una situación de inestabilidad administrativa e ingobernabilidad, hoy agudizada por la incertidumbre existente en torno a la situación jurídica del alcalde electo en octubre de 2015, quien hoy se encuentra privado de la libertad”
“Los Yopaleños hemos asistido durante los últimos meses a un vergonzoso escenario de maniobras y dilaciones jurídicas con gravísimas implicaciones para la vida administrativa, económica y para la tranquilidad de nuestra ciudad. Por eso nos vemos en la obligación de romper nuestro silencio y pedirles que actúen, resuelvan dentro del marco de sus competencias y contribuyan a que Yopal salga de una vez por todas de un estado de incertidumbre y postración administrativa, que ha terminado por profundizar los problemas de corrupción, inseguridad, desempleo, desestimulo a la inversión e improvisación en el manejo de los recursos públicos”
Lo cierto es que independientemente de lo que los comunales están pidiendo con esa misiva, la ciudadanía en general ha venido requiriendo a la Procuraduría General de la Nación, que revise desde su competencia disciplinaria la nueva investigación que se le abre Jhon Jairo Torres Torres, Alcalde de Yopal, por el delito de concusión, por presuntamente haber sobornado a ocho funcionarios de la Fiscalía que debían velar por la seguridad del él en la carceleta del CTI y que permitieron los excesos y la romería de visitas al sitio.
Delito que según el Código Penal Colombiano, El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otro utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
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