Condenan a cúpula de las extintas Autodefensas de Casanare por crímenes de lesa humanidad

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó sentencia condenatoria contra los principales cabecillas de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), tras hallarlos responsables de una serie de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas entre los años 2003 y 2004. La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía, determinó que la cúpula de esta organización ilegal ordenó ataques sistemáticos contra personas señaladas como opositoras o colaboradores de otros grupos armados. Estas acciones violentas dejaron un saldo de al menos 15 personas asesinadas y dos desaparecidas, entre ellas una menor de 16 años, en hechos registrados en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y la capital casanareña.

Los condenados en este proceso son los hermanos Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como alias “Martín Llanos”, y Nelson Orlando Buitrago Parada, alias “Caballo”, junto a los jefes paramilitares Josué Darío Orjuela Martínez, alias “Solín”, y Héctor Gregorio Hernández León, alias “Pocholo”. De acuerdo con el fallo judicial, los hermanos Buitrago y alias “Solín” deberán cumplir una pena de 26 años y ocho meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Por su parte, alias “Pocholo” fue sentenciado a 17 años y 11 meses de cárcel por su participación en los homicidios agravados documentados por el ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado que los procesados se acogieron a la figura de sentencia anticipada, aceptando su responsabilidad por línea jerárquica en los eventos delictivos mencionados. Este reconocimiento de cargos facilitó la emisión del fallo por parte del circuito especializado de Yopal, el cual también estipuló medidas de reparación para los núcleos familiares de los afectados. La sentencia ordena una indemnización económica equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las familias por concepto de perjuicios morales derivados de las acciones del grupo armado.

Se espera que esta resolución contribuya a los procesos de memoria y verdad que adelantan las organizaciones de víctimas en la región, mientras los sentenciados continúan bajo custodia en centros penitenciarios de alta seguridad.