Proyecto de acuerdo que establecía ‘la nueva división política y administrativa del suelo rural de Yopal “fue archivado en sesión de Comisión de planeación del Concejo municipal de Yopal” quedando en el limbo la solución de más de 70 litigios limítrofes veredales.
La mayoría de estos conflictos limítrofes veredales, se deben a la presencia de pozos petroleros en sectores sensibles, donde presuntamente algunos líderes comunales, concejales y otros políticos buscan la manera de que la Oficina Asesora de Planeación Municipal, cambie las coordenadas que están establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, al parecer para favorecer ciertos territorios, sectores y con ellos intereses particulares.
Desde el 2000 no se habría modificado el Plan de Ordenamiento Territorial en lo rural para Yopal, y como prueba de ello, los comunales referencian que todas las coordenadas manejadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y ratificadas en los Planes de Manejo Ambiental, PBA, de las multinacionales que tienen su zona de influencia en Yopal fueron tomadas de este POT, reconociendo así una división político administrativa establecida desde entonces.
Sin embargo, en ocasiones las mismas petroleras se prestan para solicitar rectificaciones de coordenadas de ubicación de pozos ante Planeación Municipal y no falta el funcionario que se presta para certificar en papel datos que registran suelo venezolano y los hacen mágicamente aparecer en Yopal.
Por ejemplo, estamos hablando del caso en concreto de una certificación emitida por Juan Carlos Suarez, ex asesor en encargo de la Oficina de Planeación municipal de Yopal, quien para el día 30 de enero de 2017, certificó que el pozo petrolero
Boral, tiene las siguientes coordenadas, Norte: 1056232.9 y Este 1214812.6, donde estas responden a territorio venezolano, pero sin empacho alguno terminó certificando que este Pozo pertenece a la vereda Tilodirán, del corregimiento de Tilodirán, cuando sus vecinos veredales dicen que no.
De todas maneras al haberse archivado este proyecto, le queda ahora la responsabilidad a la administración municipal de pedirle al contratista de la consultoría que socialice este documento con toda la comunidad rural a fin de obtener la aprobación social de límites, hecho por el cual no paso en el Concejo de Yopal.
Más cuando está en juego 400 millones de pesos, recursos públicos, que hay que pagar por este documento, el cual fue suscrito a través de un contrato en el año 2015 y está sometido por un artículo en la última actualización del POT, a la aprobación del Concejo Municipal de Yopal.
