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En 2015, mediante una rápida separación conyugal, traspaso de bienes y custodia de una hija, habría habilitado a su esposo para obtener un subsidio en el proyecto residencial La Decisión, el cual ella misma proyectó copo asesora jurídica del Instituto para el desarrollo urbano y rural de Yopal –Idury-.
Los concejales de Yopal César Ortiz Zorro, Julián Fonseca, Juan Vicente Nieves y Heyder Alexander Silva, adelantaron la investigación y presentaron denuncia formal ante la fiscalía por que consideran se pudo haber incurrido en las conductas de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público.
Se refieren al caso de la abogada Diana Carolina Lizarazo Macías, quien hoy trabaja en el área de responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental pero entre enero de 2012 y diciembre de 2015 fue asesora jurídica del Idury.
Según los denunciantes, el viernes 10 de abril de 2015 ella y su esposo, Giovanni Huertas Carreño, acudieron ante un juez de paz de Yopal, en donde la madre cedió la custodia de la hija menor de edad al esposo, argumentando que no tenía la capacidad económica para sostenerla.
Posteriormente, el 13 de julio de 2015, efectuaron el traspaso de un inmueble de Huertas Carreño a Lizarazo Macías, acto protocolizado mediante la escritura 975 de la notaría primera de Sogamoso, por un valor registral de $42.366.000.
Para culminar, el 29 de julio de 2015, mediante la resolución 200.30.1269 del Idury, fue ella misma quien proyectó la adjudicación de un subsidio a favor de su esposo y que tiene como beneficiaria familiar a su hija en común.
Lo que intuyen los denunciantes es que se configuró así toda una maniobra para que su esposo apareciera como jefe de hogar y con persona a cargo, pero sin bien inmueble alguno, formando de esta manera un nuevo núcleo familiar susceptible de recibir el tan anhelado apartamento en La Decisión. Anhelado por muchos de los que cumplen.
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