Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) emitió un pronunciamiento oficial para rechazar las informaciones que circulan sobre un presunto fallo judicial que le impediría realizar cobros de cartera. La entidad calificó estos señalamientos como «falsos y sin sustento jurídico», enfatizando que no existe a la fecha ninguna providencia o actuación administrativa, derivada de una acción popular o proceso similar, que le imponga la obligación de abstenerse de cobrar los créditos vigentes a su favor.
Ante lo que considera una «actuación temeraria», el IFC informó que ha notificado al juzgado competente sobre estas manifestaciones para que se evalúe la conducta del accionante frente a los principios de lealtad procesal y veracidad. Asimismo, el Instituto advirtió que ejercerá las acciones legales pertinentes para proteger su integridad institucional.
Por su parte, el ingeniero Arcenio Sandoval Barrera se refirió al tema a través de canales digitales. Sandoval sostiene que el IFC pretende cobrar deudas que, según su interpretación legal, ya habrían prescrito. El argumento del accionante se basa en el Artículo 176 del Código de Comercio (aplicable a títulos valores), señalando que muchos de estos pagarés perdieron vigencia tras años de inactividad administrativa por parte de la entidad.
Sandoval cuestionó además el procedimiento de cobro iniciado entre 2020 y 2022 a través de empresas externas, calificando estas acciones como «presiones» contra deudores y codeudores por obligaciones que, a su juicio, no fueron requeridas oportunamente.
Mientras el IFC sostiene la plena legalidad de su cartera y la inexistencia de fallos que la anulen, la contraparte insiste en una presunta violación al debido proceso y en la extinción de los títulos valores por el paso del tiempo.
About The Author
