La Alcaldía de Yopal desalojará a familias que ya tienen resolución de adjudicación de sus predios

admin 26 septiembre, 2016

45 familias del corregimiento de Tilodirán del municipio de Yopal, propietarias de subsidios representados en lotes y adquiridos en el gobierno anterior a través de resoluciones de adjudicación, van a hacer expulsados a la fuerza.

Así lo evidencia un auto fechado 5 de septiembre de 2016, emitido por la Corregidora de Tilodirán Erika Beltrán Castro, donde enuncia que el Instituto para el Desarrollo Urbano y Rural (Idury) querelló a personas indeterminadas y que la Administración Municipal de Yopal aceptó esta petición dando la orden de que se les desaloje este viernes 30 de septiembre.

Estas familias cuentan ya con resoluciones de adjudicación, documentos que les garantizaría a sus titulares un derecho adquirido, sin embargo, a la alcaldesa Luz Marina Cardoso y al gerente del Idury, Mauricio Montoya no les parece importarles.

Son en total 87 familias beneficiarias, las cuales en su momento fueron evaluadas, filtradas y aceptas, siendo entregados en la primera etapa los 45 subsidios de los cuales hemos venido hablando, quedando pendiente un grupo de 42 familias a las cuales se les dijo que tenían que cumplir con el cierre financiero correspondiente por un valor de $500.000, valor que fue cancelado en las cuentas del Idury.

Estos beneficiarios por su parte exhortaron al Idury para que concluyera con el proceso de adjudicación y entregara de forma inmediata las resoluciones de adjudicación a fin de poder continuar con sus labores de construcción en sus predios, y la respuesta que recibieron de parte de los funcionarios del Idury es que lamentablemente todas las carpetas de estos 42 beneficiarios se perdieron de la instalaciones de la entidad y que por lo tanto ya no era posible finiquitar el proceso de adjudicación.

Por lo contrario, lo que han recibido es la orden de lanzamiento por ocupación de hecho, evento al cual la administración municipal de Yopal a pedido el acompañamiento de la personería municipal y de otras entidades supuestamente para garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales de los afectados.