La iniciativa señala que la familia afectada podrá solicitar el reporte en el REDAM ante el juez que lleva el proceso o ante una comisaría de familia, una vez se constate el incumplimiento por parte del sentenciado en el pago de tres cuotas de alimentos.
Algunos objetivos del proyecto de la senadora Maritza Martínez es que el deudor alimentario moroso no pueda contratar con el Estado, ni actuar como representante legal de una persona jurídica que desee contratar con el mismo; tampoco podrá aspirar a cargos de elección popular, ni públicos, entre otras restricciones.
Uno de los argumentos presentados por la senadora fue el anuncio hecho por el Consejo de Política Criminal de impulsar la despenalización alimentaria.
“No queremos desproteger a los niños que sufren del abandono de sus padres”, precisó la congresista y explicó que a través de su proyecto de ley se plantea la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos- REDAM- que permitirá imponer duras sanciones económicas por parte de las centrales de riesgo a quienes estén obligados, bajo sentencia, y hayan incumplido con el pago de tres cuotas , sean consecutivas o no.
