El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó los resultados de la auditoría al manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en la Región de los Llanos, correspondiente al periodo 2022–2025. Según el informe, se examinaron proyectos por más de $4 billones, de los cuales se derivaron 188 hallazgos fiscales que suman $630.072 millones.
El balance fue entregado durante la rendición de cuentas sobre regalías, en la que el jefe del ente de control advirtió que, pese a las cuantiosas inversiones realizadas —4.322 proyectos por $23,8 billones entre 2012 y 2025—, los avances en bienestar social y desarrollo sostenible no reflejan el volumen de recursos ejecutados.
“Aunque las cifras son significativas, no siempre se traducen en una mejor calidad de vida para las comunidades. En muchos casos, los proyectos se enfocan en cumplir metas de ejecución más que en generar desarrollo real. Los recursos del subsuelo no están produciendo prosperidad sobre la superficie”, expresó Rodríguez.
El Contralor también señaló que la situación es especialmente sensible en los departamentos petroleros como Meta y Casanare, donde las regalías representan más de la mitad de los presupuestos municipales. En municipios como Puerto Gaitán, Acacías, Cabuyaro y Aguazul, los ingresos propios apenas alcanzan entre el 25% y el 55% de los recursos provenientes del SGR, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado petrolero.
Resultados del control fiscal
Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 278 proyectos por un valor total de $4 billones, principalmente en Meta ($1,7 billones) y Casanare ($943 mil millones). Una parte importante de estas revisiones correspondió a iniciativas financiadas por el OCAD Paz, orientadas a la reconstrucción de territorios afectados por el conflicto armado.
En total, en la Región de los Llanos se examinaron 547 proyectos, que representaron $852.770 millones, equivalentes al 56% de los recursos aprobados. Los hallazgos con presunta incidencia fiscal ascienden a $131 mil millones. Actualmente se adelantan 163 procesos de responsabilidad fiscal por más de $670 mil millones, y se han proferido 31 fallos con responsabilidad comprobada por un monto superior a $49 mil millones.
“Cada fallo, cada actuación y cada peso recuperado son una muestra de que los recursos públicos pertenecen a las comunidades. El control fiscal no es punitivo, sino correctivo. Detrás de cada hallazgo hay una escuela, un acueducto o una carretera inconclusa que la ciudadanía espera ver terminada”, subrayó el Contralor General.
Rodríguez concluyó que los resultados evidencian deficiencias persistentes en la planeación y ejecución de los recursos, y reiteró que la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno limita el impacto de las regalías en los territorios.
“Nuestra función no es administrar los recursos, sino garantizar que su uso cumpla los fines esenciales del Estado. Las regalías deben ser una herramienta para reducir desigualdades, no para perpetuarlas”, afirmó el jefe del órgano de control.
