El decreto mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica para atender los daños causados por la temporada de lluvias en la región Caribe, especialmente en el departamento de Córdoba, entró en revisión automática de la Corte Constitucional, conforme a lo establecido por la Constitución. El control de constitucionalidad quedó a cargo del magistrado Miguel Polo Rosero, designado como ponente del expediente.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la emergencia responde a una situación extraordinaria derivada de las lluvias intensas que han provocado inundaciones, afectaciones en vías, daños en viviendas y pérdidas en actividades productivas, con especial impacto en Córdoba y otros departamentos de la Costa Caribe. Mientras se surte la revisión en la Corte, las medidas adoptadas por el Ejecutivo permanecen vigentes, a la espera del pronunciamiento de fondo del alto tribunal.
