Corte Constitucional suspende provisionalmente decreto de emergencia económica
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia decidió este jueves 29 de enero de 2026 suspender provisionalmente los efectos del decreto de emergencia económica declarada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025, mientras la corte avanza en su análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la medida. La decisión se adoptó con una votación de 6 a 2 entre los magistrados.
El decreto de emergencia económica, firmado por el Gobierno el 22 de diciembre de 2025, fue emitido tras el rechazo del Congreso de la República a un proyecto de reforma tributaria que buscaba recaudar cerca de 16,3 billones de pesos, y tenía como objetivo permitir a la administración tomar decisiones fiscales por decreto para obtener alrededor de 11 billones de pesos que ayudasen a financiar parte del presupuesto nacional de 2026.
En el fallo, la Corte señaló que esta es la primera vez desde 1994 que se aplica una suspensión provisional a un decreto de estado de emergencia económica, lo que abre un precedente en la interpretación de cómo se pueden aplicar estas medidas cautelares sobre normas de excepción.
Los magistrados que votaron a favor de la medida provisional consideraron que, preliminarmente, el decreto no cumpliría con algunos de los requisitos constitucionales exigidos para declarar una emergencia de este tipo, en particular los relacionados con la necesidad de hechos extraordinarios, imprevisibles o sobrevinientes que justifiquen la adopción de facultades excepcionales sin control previo del Congreso.
La suspensión cautelar implica que las medidas económicas y tributarias incluidas en el decreto no podrán implementarse mientras se define una decisión de fondo, y detiene temporalmente la entrada en vigencia de impuestos y beneficios fiscales que se habían proyectado bajo esa figura legal.
El Gobierno, por su parte, ha expresado su rechazo a la decisión judicial. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que la suspensión podría favorecer a sectores con mayores ingresos y complicar el manejo de la deuda externa del país.
La suspensión provisional no constituye una decisión sobre el fondo del asunto, que será resuelto por la Corte más adelante. El alto tribunal continúa el estudio de constitucionalidad del decreto mientras espera emitir una decisión definitiva en las próximas semanas.
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