Fiscalía formaliza acusación contra Carlos Ramón González por caso Ungrd

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Carlos Ramón González en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), durante una audiencia que se extendió por más de seis horas ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. González fue acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía expuso los elementos de prueba que, según el ente acusador, vinculan a González con la orden de pago de cerca de cuatro mil millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, presuntamente a cambio de respaldos políticos relacionados con el trámite de recursos de la Ungrd.

En la audiencia también fueron reconocidas como víctimas varias entidades e instituciones, entre ellas la Contraloría General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el movimiento indígena Nación Wayuu y la comunidad indígena Pororú, sector Murujuy, afectadas —según la Fiscalía— por el desvío de recursos públicos.

Carlos Ramón González no aceptó los cargos formulados en su contra. Al ser consultado por la magistrada Blanca Barreto sobre la claridad de la acusación, el procesado afirmó que no podía aceptarla al considerar que contenía “absurdos y mentiras”, y reiteró que, en su concepto, la imputación carece de validez.

Durante la diligencia se presentó un cruce entre las partes por la forma de referirse al acusado. El abogado de las víctimas, Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, lo calificó como prófugo de la justicia, afirmación que fue cuestionada por el abogado defensor Iván Cancino, quien señaló que esa denominación no correspondía al contexto de la audiencia. No obstante, González permanece con orden de captura vigente desde julio, cuando un juez dispuso su detención dentro del proceso.

Con la acusación ya formalizada, el proceso entra en una nueva etapa. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá notificar a las partes la fecha de la audiencia preparatoria, paso previo al inicio del juicio en el que se evaluarán las pruebas y se definirá la responsabilidad penal del acusado.