Este es un acuerdo entre la industria y los productores de arroz, respaldado por el Gobierno nacional, que busca garantizar estabilidad en la cadena productiva y asegurar precios justos para los agricultores, en medio de la presión de los mercados internacionales.
La reunión, que se llevó a cabo en el auditorio de la Unisangil, contó con la participación de autoridades departamentales y locales, representantes de Fedearroz, Induarroz, Femoarroz y líderes del sector arrocero casanareño, donde la Ministra de Agricultura Martha Carvajalino señaló que el acuerdo surge como respuesta a la sobreproducción global del cereal y la caída de los precios internacionales, además de la competencia de arroz proveniente de países vecinos como Ecuador.
“Este pacto entre la industria y los productores, autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, busca proteger la producción nacional y garantizar que los hogares colombianos continúen recibiendo arroz de calidad a precios justos”, afirmó la ministra.
Uno de los componentes centrales del acuerdo es la creación de un Fondo de Estabilización de Precios, que se desarrollará a través de un decreto ministerial y un proyecto de ley en el Congreso, con el fin de definir mecanismos de financiación y apoyo dirigidos especialmente a pequeños y medianos agricultores. Además, se establecen lineamientos sobre calidad del grano, manejo del arroz partido y ordenamiento productivo, complementando la resolución 241 de 2025 que regula el precio del arroz paddy verde.
Carvajalino también anunció que se estudiarán incentivos y apoyos directos para proteger los ingresos de los cultivadores, reemplazando programas previos de almacenamiento que no se ejecutaron en 2023. “El objetivo es que esta cosecha se absorba adecuadamente y que la producción del próximo año se desarrolle de manera sostenible y planificada”, explicó.
Por su parte la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, destacó que el acuerdo refleja el modelo de economía social de mercado colombiano, y subrayó la importancia de la cooperación entre todos los actores de la cadena arrocera para consolidar el Plan de Ordenamiento Productivo.
Con este acuerdo, el Gobierno y los productores buscan superar la coyuntura actual y sentar las bases para un manejo más organizado y sostenible de la producción de arroz en 2026.
