La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales respaldó este martes la decisión de mantener el aumento del salario mínimo en 23% para 2026, luego de una reunión en la que participaron delegados del Gobierno, sindicatos y gremios empresariales, confirmó en rueda de prensa el Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. El respaldo se dio al concluir la mesa instalada a las 11:00 de la mañana, convocada para definir los términos de un decreto transitorio tras la suspensión provisional del incremento por parte del Consejo de Estado.
Según el Ministerio de Trabajo, los representantes de los empresarios, los sindicatos y el Gobierno concordaron en que el aumento ya está incorporado en la economía y en la planificación de gastos de las familias, por lo que una modificación en este momento generaría incertidumbre financiera. En los próximos días, el Gobierno expedirá un nuevo decreto que recogerá las conclusiones y acuerdos alcanzados en la mesa de concertación, y que se ajustará a los requisitos técnicos y jurídicos ordenados por el alto tribunal, el cual otorgó un plazo de ocho días desde la expedición del auto que suspendió la cifra original.
“El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, escribió Sanguino en sus redes sociales tras la rueda de prensa.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció nuevamente sobre el tema, ratificando que “el salario mínimo vital se mantiene” en su más reciente alocución al país. Petro sostuvo que el aumento no ha tenido un impacto negativo en el empleo y atribuyó parte del repunte de la inflación al aumento de exportaciones y al incremento en los precios de la carne.
En contraste, el gremio Fenalco expresó su preocupación por los efectos del salario mínimo en el empleo. En una carta dirigida a la mesa de concertación, Fenalco advirtió que mantener o aumentar la cifra sin considerar factores como la productividad y la inflación real podría poner en riesgo más de 700 mil empleos y dificultar el acceso al trabajo para los 2,1 millones de desempleados del país. El gremio pidió al Gobierno un reajuste de la cifra con base en variables económicas como el crecimiento del Producto Interno Bruto y la inflación proyectada.
