MinHacienda estudia extender la emergencia económica tras un mes de vigencia
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Bogotá, Diciembre 30 de 2025. En la Presidencia de la República, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del decreto del incremento al salario mínimo y la reglamentación complementaria del decreto de Emergencia Económica. (Colprensa – Catalina Olaya)
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional está evaluando la posibilidad de extender el decreto de emergencia económica, que este miércoles cumplió un mes desde su promulgación. La declaratoria extraordinaria fue adoptada por el Ejecutivo para enfrentar un desfinanciamiento presupuestal de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, tras el archivo de la ley de financiamiento por parte del Congreso.
Ávila explicó que para mantener o prorrogar la emergencia económica será necesario emitir un nuevo decreto o una declaratoria de extensión, y adelantó que “las medidas se conocerán en el momento oportuno”, sin dar detalles específicos sobre las fórmulas que adoptará la administración. El gobierno sostiene que los dos decretos expedidos hasta ahora garantizan cerca de 12 billones de pesos, pero aún persiste una brecha cercana a los 16,3 billones que, según la cartera económica, requiere mecanismos adicionales para cubrirla ante las restricciones del presupuesto.
La Corte Constitucional ya está revisando la legalidad de la emergencia económica, luego de que el decreto fuera impugnado por distintos sectores. El magistrado Carlos Camargo, designado por sorteo, ordenó la recolección de pruebas para elaborar su ponencia sobre el caso y evaluar si el uso de esta figura constitucional está ajustado a la Carta Política. Además, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, radicó una solicitud para suspender el decreto, aunque esa petición no implica automáticamente la suspensión de la medida mientras se decide en sala plena.
El Gobierno ha sostenido que la declaratoria de emergencia no solo busca recaudar recursos extraordinarios sino también garantizar derechos fundamentales y obligaciones inaplazables del Estado, incluidos gastos en salud, educación, subsidios y servicios públicos, que quedarían en riesgo sin los ingresos adicionales que otorga este instrumento legal.
La emergencia económica fue decretada en diciembre de 2025, tras la negativa del Congreso de aprobar una ley de financiamiento que cubriera el faltante fiscal, lo que obligó al Ejecutivo a acudir a esta figura excepcional prevista en la Constitución para “cubrir situaciones extraordinarias que afecten la economía nacional”.
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