La Comisión VI de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el proyecto que modifica la Ley 30 de 1992 y que apunta a incrementar de manera sostenida el presupuesto de la educación superior pública en Colombia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, busca corregir lo que denomina un “rezago histórico” en la financiación de las universidades estatales y avanzar hacia un sistema con mayores niveles de gratuidad y cobertura.
Según lo informado por la cartera educativa, la reforma permitirá que los recursos destinados a las instituciones públicas se actualicen con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aplicando cada año el indicador más alto. El ajuste supera el esquema actual, que únicamente se basa en la inflación, y que ha sido cuestionado por instituciones y organizaciones estudiantiles para quedar corto frente al crecimiento real de los costos universitarios
El proyecto también contempla que el financiamiento estatal aumente progresivamente hasta alcanzar el 1% del PIB en un plazo de 15 años, un objetivo que coincide con las demandas del movimiento estudiantil desde 2018. Además, la reforma plantea la expansión de la oferta académica en más de 800 municipios que hoy no cuentan con presencia de instituciones de educación superior, así como el fortalecimiento de la planta docente y de los programas de bienestar universitario.
La aprobación en la Comisión VI se produjo un mes después de que el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal, reunido en la Universidad de Nariño, pidiera a la Cámara avanzar en el trámite de la reforma. El debate ahora pasa a la plenaria de la Cámara, última instancia legislativa antes de su eventual aprobación.
