Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) anunció este miércoles la convocatoria a un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en diferentes ciudades del país para el próximo 30 de octubre. La decisión fue adoptada por la Junta Nacional del sindicato, que agrupa a más de 280.000 maestros del sector oficial.
Según la organización, el cese de actividades busca visibilizar dos exigencias principales: la garantía de un servicio de salud digno y oportuno para el magisterio y sus familias, y la defensa de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), tras la reciente reforma constitucional que lo modificó.
Entre los reclamos inmediatos, FECODE pidió al Gobierno declarar en sesión permanente al Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de unificar criterios entre los ministerios que lo integran y la Fiduprevisora, entidad encargada de la administración de los recursos. El sindicato señala que persisten fallas graves en la prestación del servicio médico en varias regiones, como Casanare, donde algunas IPS habrían anunciado suspensión de la atención a los docentes pese a recibir pagos del sistema.
De igual manera, la Federación solicitó que se investigue a las entidades médicas que se niegan a aplicar el manual tarifario definido por el FOMAG, lo que, según el gremio, ha derivado en sobrecostos y mayores trabas para los usuarios.
El magisterio precisó que la jornada de protesta no está dirigida contra el Gobierno Nacional, aunque sí exige acciones más decididas para garantizar el acceso efectivo a la salud, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo 003 de 2024. FECODE también pidió a la Fiduprevisora adoptar medidas más firmes frente a las barreras que impiden la atención de los docentes y sus beneficiarios.
El segundo eje de la protesta estará enfocado en la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024, que reformó el SGP. Los educadores reclaman que el proyecto de ley orgánica, que debe presentar el Ejecutivo, se construya con consenso y asegure que los recursos recuperados se destinen a la progresiva universalización de derechos fundamentales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en todo el territorio nacional.
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